El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida adjudicó en 2020 su obra estrella a la empresa del hermano de su concejal por un valor de más de 3 millones de euros. El delegado del área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, podría haber incumplido la ley firmando un contrato para el soterramiento de la carretera de Extremadura, la A-5, cuyo proyecto encargó a una compañía donde trabaja su propio familiar.

Esta información, publicada por elDiario.es, se puede comprobar en los documentos de la licitación que desvelan que Carabante participó directamente en los trámites, ya que fue él mismo quien aceptó la propuesta de la mesa de adjudicación dando luz verde a este contrato en agosto de 2020. El edil de Almeida otorgó con su visto bueno en aquel momento más de 3 millones de euros a dos empresas de ingeniería, Esteyco y Subterra, siendo esta última donde trabaja su propio hermano desde hace más de 10 años.

El concurso público se abrió para solicitar los servicios de empresas privadas que efectuaran la redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste en el marco del soterramiento de la A-5, una de las seis autovías radiales de España que parte desde Madrid, llega hasta Badajoz y conecta España con Portugal. Una responsable elegida por el propio Carabante aceptó en un primer momento la propuesta de Esteyco y Subterra, decisión ratificada después por el mismo concejal con su rúbrica, al considerar que representa “la mejor oferta en cuanto a relación calidad-precio según la ponderación de los criterios de adjudicación”, como se desprende de manera literal del acuerdo firmado el 17 de agosto de 2020.

El concejal de Almeida podría haber incumplido la ley

El mismo concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid firmó el documento pese a encontrarse implicada la empresa de su propio hermano en la contratación, por lo que podría haber incumplido la ley. De hecho, un día después de esta adjudicación, Carabante trató de anular su decisión solicitándolo por carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Pasada una semana, el regidor del PP aceptó la petición de su edil y nombró como sustituta a su portavoz y concejala de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Sin embargo, el Gobierno de Almeida no publicó esta decisión en el Boletín Oficial de Ayuntamiento de Madrid (BOAM) ni en el Portal de Contratación, únicamente de forma parcial en la lista de decretos y resoluciones del Portal de Transparencia publicados trimestralmente, alegando que no lo hizo, según lo declarado al mencionado diario, porque la ley de contratos públicos no lo exige y pese a ser frecuentes los anuncios de suplencias en procesos de contratación municipales.

Hasta la publicación de estas informaciones, el Ejecutivo local del PP ha mantenido oculta la abstención de su concejal de Movilidad en el proceso de este concurso público por su parentesco con el jefe del departamento de delineación de la empresa a la que él mismo adjudicó el contrato.

Según el decreto que sirvió al propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para anular la firma de Carabante, este podría haber incumplido la Ley 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, que prohíbe a las autoridades públicas que intervengan este tipo de procesos en caso de “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato”.