El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida otorgó otro contrato de ingeniería a la empresa del hermano de uno de sus concejales por 187.000 euros después de un primero conocido este lunes que ascendió a más de 3 millones de euros. El Ejecutivo municipal de PP y CS adjudicó la primera licitación en agosto de 2020 y también una segunda en noviembre del mismo año a la compañía en la que trabaja el familiar del delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Según los documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, estas dos operaciones se realizaron en un espacio de tiempo de tres meses con un mismo beneficiario: la empresa Subterra, entre cuyos empleados se encuentra Rafael Carabante desde hace más de 10 años. La candidatura escogida por el Gobierno de Almeida en esta segunda ocasión está conformada por la unión de dicha compañía con otra, Cemosa, para concurrir al concurso público.

Ambas empresas de ingeniería se presentaron a la licitación del Ayuntamiento de Madrid para la asistencia técnica a la supervisión de proyectos de Calle 30, sociedad pública que gestiona la carretera M-30, y acabaron por conseguir el contrato público en noviembre de 2020. Tan solo tres meses antes, la empresa donde trabaja el hermano del concejal de Movilidad, Subterra, junto a otra diferente en aquella ocasión, ya había obtenido otra adjudicación del Ejecutivo madrileño presidido por el PP por una cantidad de más de 3 millones de euros para una de las obras estrella que forman parte de las promesas electorales del propio Almeida desde hace cuatro años en las elecciones municipales de 2019 tras las que fue nombrado alcalde: el soterramiento de la carretera de Extremadura, la A-5.

El modus operandi de Carabante

El delegado del área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, llevó a cabo el mismo modus operandi con respecto a esta segunda concesión del contrato público a la empresa donde trabaja su hermano. Con esta licitación impulsada a principios de 2020, cuya mesa de contratación estuvo presidida al igual que la primera por la directora general de Planificación e Infraestructuras, Lola Ortiz, Subterra y Cemosa recibieron el contrato público por parte del Ejecutivo de Almeida por una cantidad de 187.388,61 euros.

Según fuentes del mismo consistorio consultadas por el mencionado diario, el procedimiento que realizó Carabante en esta segunda ocasión también pasó por recibir la propuesto de adjudicación, abstenerse y comunicar su decisión al alcalde justificándose con el artículo 23 de la ley de contratación pública. Las mismas fuentes apuntan a que la diferencia con la primera abstención recae en que la Secretaría General Técnica ya conocía la incompatibilidad entre el concejal de Movilidad y la empresa de su hermano, Subterra, por lo que el procedimiento se efectuó de manera automática.

En cambio, Carabante mantiene que no sabía en qué empresa trabaja su hermano Rafael como jefe de departamento desde hace más de 10 años y tampoco que esta se hubiera presentado al primer concurso público. Sin embargo, es ilegal que los cargos públicos tomen este tipo de decisiones, tal y como prohíbe la Ley 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público: “Se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato”.