La carta de protesta de la Comisión de Violencia de Género firmada por la Magistrada Paloma Marín López en sustitución de la coordinadora Esther Éric reprocha a sus compañeros “que en vez de condenar a las feministas, hubiera sido mejor que reclamasen un análisis sobre el elevado número de órdenes de protección denegadas”.
Esta carta que adjuntamos exige a la organización que considere que “las Asociaciones de Mujeres, y los fines que las justifican, son parte de la realidad social y el sentir social del siglo XXI que tenemos que tener en cuenta al interpretar el ordenamiento jurídico”.
También critican a la organización por sumarse a un escrito que tilda de “sistemáticas” las denuncias contra miembros del Poder Judicial, en el contexto de las quejas de determinadas Asociaciones de Mujeres aspecto que califica de incierto.
La carta apunta que, sin embargo, el escrito de las asociaciones de jueces no “visibiliza los ataques a la independencia judicial” que sufren algunas sedes judiciales “por asociaciones y grupos de hombres organizados que denominan “feminazis” a nuestros Juzgados o “criminales prevaricadores” a sus titulares y que publicitan el supuesto principio “in dubio pro zorra” como resumen de la ley o de la labor jurisdiccional.
Aquí tenéis el texto íntegro de la protesta
Estimados compañeros del Secretariado:
En nombre de la Comisión de Violencia de Género, por sustitución de su coordinadora, Esther Érice, que se encuentra de baja, como debéis conocer, os quiero trasladar el malestar de la Comisión, en su sentir general, por la participación, en tiempo, forma y contenido, en el Comunicado suscrito por las cuatro Asociaciones Judiciales, en supuesta defensa de la independencia judicial, que se vería afectada por una rueda de prensa de diferentes Asociaciones de Mujeres, que se quejaban del trato que se dispensa o que consideran que se dispensa en algunos órganos judiciales a víctimas de la violencia de género o por la alta tasa de medidas cautelares denegadas en el ámbito de la violencia de género. Da la impresión de que habéis primado, frente a la postura adoptada en otros supuestos, la firma en un comunicado colectivo sobre su contenido, dado que nuestra Asociación siempre ha defendido el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, sin perjuicio de su acatamiento, como manifestación de la libertad de expresión y como manifestación de control social complementario de su calidad y de su conformidad con el ordenamiento jurídico.
Las Asociaciones de Mujeres, y los fines que las justifican, son parte de la realidad social y el sentir social del siglo XXI que tenemos que tener en cuenta al interpretar el ordenamiento jurídico. En este contexto, las quejas de las Asociaciones de Mujeres iban dirigidas al trato que, según decían, se dispensa en algunos Juzgados por algunos jueces o juezas respecto a algunas (presuntas) víctimas, poniendo, además, el dedo en la llaga sobre la existencia de las muy dispares decisiones judiciales en materia de protección cautelar, en cuyo contexto prescindir de recabar información sobre lo sucedido para dar un cheque en blanco a las actuaciones judiciales y sin recabar el parecer de esta Comisión ha supuesto ubicar a nuestra Asociación en las mismas posiciones que otras y presentarnos como más preocupados en no recibir quejas de la ciudadanía que en garantizar y exigir una respuesta judicial en esta materia, coherente con la función constitucional que tenemos atribuida.
El cierto prestigio que nos hemos ganado frente a las Asociaciones de Mujeres puede diluirse de inmediato con comunicados como el que hemos firmado, que parece prescindir de las previsiones legales sobre el trato a dispensar a las víctimas que exige la Directiva de 2012 sobre víctimas del delito o la Ley del Estatuto de la Victima. Mejor hubiera sido, si había que decir algo, pronunciarse sobre la necesidad de conocer los motivos que subyacen en el alto número de rechazos de órdenes de protección o de otras medidas cautelares, de disparidad tan vergonzante en función de territorios y Juzgados, que, probablemente, corresponda a motivos distintos de los de ejercer la jurisdicción con independencia, dado que la ley, con los presupuestos que establece, es la misma en todos los territorios y las solicitudes de medidas se fundamentan en hechos similares, lo que exige una análisis tal vez más riguroso sobre los motivos por los que algunas Comunidades Autónomas, de forma persistente, conceden, año tras año, menos del 50% de las medidas solicitadas, con discrepancias difíciles de entender, incluso, por partidos judiciales dentro de la misma Comundiad Autónoma.
En este sentido, las estadísticas judiciales, herramienta fundamental para conocer una parte de la realidad en materia de violencia contra las mujeres, exigidas, por otra parte y respecto de todas sus manifestaciones, por el Convenio de Estambul, ofrecen una realidad clamorosa que se percibe en buena parte de la sociedad: conocerlas y sacar conclusiones tiene que ser un estímulo para repensar el quehacer judicial que deberíamos haber protagonizado, sin condenar en ningún momento a quien se ha tomado el trabajo de estudiarlas.
Participar en la afirmación colectiva de la bondad y suficiencia de la formación en los órganos especializados en violencia contra las mujeres – diferente, como sabéis, del mero conocimiento técnico de las leyes posiblemente es tributario de no conocer la motivación de ciertas resoluciones judiciales, manifiestamente mejorables en algunos casos. Si había algo que decir, se podía haber ido más allá de tildar el trato desconsiderado de juezas y jueces como algo susceptible de ser denunciado para reclamar formación y medios que garanticen el conocimiento de lo que una (presunta) víctima de violencia de género ha tenido que superar para llegar al momento de prestar declaración ante autoridad judicial y exteriorizar las diferencias entre trato desconsiderado y trato que haga que una mujer que refiere haber sufrido manifestaciones de violencia en un ámbito tan íntimo como el de la pareja o ex pareja confíe en que va a obtener una decisión justa, la aplicación del mejor Derecho posible.
Os podíais haber planteado si era verdad –y obtener información, en su caso- que los y las integrantes del Poder Judicial en órganos especializados gozan y exteriorizan una formación específica y suficiente para la mayor efectividad de los derechos de las víctimas o si era el mejor mensaje posible el que se limitara a señalar que las decisiones judiciales son susceptibles de recurso, cuando es conocido que, en muchos casos, las expectativas de las víctimas no corresponden a la función propia del Derecho penal. Os podíais haber planteado si todas las decisiones judiciales que se adoptan en esta materia agotan todos los medios de investigación, para lo que el número de sobreseimientos provisionales anuales –siempre creciente- os hubiera podido ofrecer un parámetro de referencia.
Podíais haber invitado al resto de Asociaciones Judiciales a reclamar formación que haga posible un enjuiciamiento libre de estereotipos de género. Tildar de “sistemáticas” las denuncias contra miembros del Poder Judicial, en el contexto de las quejas de determinadas Asociaciones de Mujeres ni es cierto ni visibiliza los ataques a la independencia judicial que sufrimos en algunas sedes judiciales por asociaciones y grupos de hombres organizados que denominan “feminazis” a nuestros Juzgados o “criminales prevaricadores” a sus titulares y que publicitan el supuesto principio “in dubio pro zorra” como resumen de la ley o de la labor jurisdiccional. Por ello, resulta lamentable que hayáis dirigido la fuerza asociativa que da la unión contra objetivos equivocados.
El comunicado de las asociaciones judiciales sirve, además, para difuminar la inexistencia de relaciones entre el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género –“el Observatorio del Consejo”- y las Asociaciones de Mujeres, pese a la previsión específica que respeto a su mantenimiento se recoge en el Convenio de creación del mismo y sirve para levantar un muro con el tejido social que no corresponde a nuestra historia asociativa. Os reitero, además, el sentir de la Comisión sobre la necesidad de consultar con la misma en materias que le son propias, cuya omisión, en los últimos tiempos, se ha repetido (asunto Juana Rivas).
