La Abogacía del Estado se ha puesto del lado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el caso de la devolución de los menores es Ceuta. Según consta en el escrito presentado por la abogada del Estado jefe Ruth Doval ante la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Elplural.com, se solicita la inadmisión del recurso presentado por el letrado Estanislao Naranjo en representación de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Choca la posición de la Abogacía del Estado con la del Ministerio Fiscal, cuyo representante ha enviado un escrito en el que afirma que no hará informe en contra de la admisión del recurso.

Doval explica en su escrito que no es irregular que la Abogacía del Estado no estuviera dentro del procedimiento desde el principio, tal y como alega Naranjo, porque “es el órgano administrativo el que debe realizar las alegaciones (ministerio). Es tras el traslado de dicha alegación, cuando se cite a la comparecencia o alegaciones en el presente caso, cuando el abogado del Estado interviene, manteniendo las mismas alegaciones de inadmisión”. Es decir que, aunque no entraran desde el principio en el asunto, sí comparten el criterio del Ministerio del Interior.

La letrada no solo carga contra el abogado demandante, sino que también le dedica unas palabras al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado, al que le dice que debería haber convocado a las partes a una comparecencia en la que les hubieran escuchado sobre la procedencia o no del recurso, “lo que no es un supuesto contemplado en la ley es que alegada por la administración en el envío del expediente causa de inadmisión, el LAJ continúe el procedimiento sin analizar el motivo alegado”.

No al recurso

En cuanto al recurso presentado por Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado dice el escrito de la Abogacía del Estado que “todas las alegaciones que realiza el recurrente en su recurso de oposición deben ser rechazadas por carecer manifiestamente de fundamento”, pues a su juicio “incurre en errores constantes tanto en relación con la regulación del procedimiento como en lo ocurrido en el presente caso, así como respecto a la función de la Abogacía del Estado”.

El fiscal

Sin embargo, el fiscal, tal y como ha adelantado ABC, se posiciona en el lado contrario a la Abogacía del Estado porque quiere poder valorar con la demanda completa, y explica que “no se aprecia que en el escrito de interposición quede suficientemente esclarecido el objeto de impugnación” por lo que el fiscal del caso “considera que resulta conveniente esperar a que se defina el objeto del recurso en la formalización de demanda”.

Ahora deberá ser la Sala de Lo Contencioso-Administrativo la que decida si, finalmente, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado puede formalizar la demanda contra lo sucedido en Ceuta, donde varios menores fueron devueltos a Marruecos sin ser escuchados previamente y sin que, por ejemplo, la Fiscalía de Menores interviniera tal y como establece la Ley del Menor en el caso de los menores no acompañados.

Menores de Ceuta

El caso de los menores de Ceuta saltó a la palestra en agosto cuando varios niños fueron devueltos a Marruecos. A raíz de esto, un juzgado ceutí paralizó las devoluciones al entender que eran ilegales. Fue en ese momento cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acordaron que se debían paralizar las devoluciones de los niños. Así, Sánchez asestaba un golpe a su ministro del Interior, quien había defendido tanto en público como en privado lo que se estaba haciendo en Ceuta.