Pedro Sánchez ha citado este miércoles al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en La Moncloa para abordar el problema de los menores devueltos a Marruecos y buscar una solución ante la paralización de las repatriaciones.

Un juzgado de la ciudad autónoma ha decidido mantener suspendidas las devoluciones de niños marroquíes, que no cumplían con los “preceptivos trámites” que marca la legislación española. La jueza sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad ha fallado a favor de mantener las medidas cautelares solicitadas por Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces por las que se paralizaron hace una semana las repatriaciones inminentes de ocho menores.

Desde el viernes 13, durante tres días consecutivos, al menos 55 menos habían sido devueltos a Marruecos. Ha sido ante esta resolución ante la cual Sánchez ha llamado a Juan Jesús Vivas, del PP, para buscar soluciones, citándole este miércoles en La Moncloa. Así, pretenden buscar entre los dos una salida a la crisis.

Mientras que la dirección nacional del PP ha venido criticando la actuación del Gobierno en este tema, Vivas siempre ha defendido la devolución de los menores y ha elogiado la coordinación con el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El auto de la jueza que mantiene paralizadas las repatriaciones apoya las versiones de la Fiscalía de Menores de Ceuta y de otras entidades, como el Defensor del Pueblo o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que apreciaban que el procedimiento se había llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la Ley de Extranjería, la Ley del Menor y la Convención de Derechos del Niño.

En cambio, el Gobierno defiende su actuación en Ceuta, aunque reconoce que atenderá el observar lo que diga la justicia. Isabel Rodríguez​, portavoz del Gobierno, ha indicado este martes que, si la justicia pide atender “algún matiz” en esta cuestión, el Ejecutivo “podría atenderlo”.

Asimismo, ha señalado que “está constatada” la “defensa de los derechos humanos” por parte del Ejecutivo y ha indicado que lo que se ha hecho en la ciudad autónomas es “dar solución a un problema”. “El Gobierno ha actuado en cumplimiento del convenio del año 2007 y si la justicia observara que hay que atender algún matiz, pues por supuesto podríamos atenderlo”.