El candidato de Junts pel Si y presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, durante una de sus intervenciones en el segundo debate de investidura en el Parlament de Cataluña, después de que el martes el 'no' de la CUP frustrara su primer intento de Mas de ser investido presidente de la Generalitat. EFE



Este miércoles, y rompiendo los largos tiempos de espera a los que el Constitucional nos tiene acostumbrados, el tribunal ha anulado por unanimidad la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña.

El pasado 9 de noviembre, el Parlament defendía con uñas y dientes su declaración. Poco después, y ante el Tribunal Constitucional, rebajaba el tono de su discurso. Lo que presentaron como la resolución que suponía el inicio del proceso hacia la independencia se quedó en sus alegaciones en “una voluntad, aspiración o deseo” sin efectos jurídicos.

La pregunta es, ¿sabe esto la CUP? Porque no es el único punto en el que el Parlament ha aminorado la marcha ante el Constitucional.

1.El Parlament pide al Tribunal Constitucional que rechace el recurso presentado por el Gobierno del PP porque, realmente, la resolución independentista “no tiene otro alcance que el de expresar una voluntad, aspiración o deseo”.

2. En relación al punto anterior, mientras que al aprobar su resolución el Parlamento de Cataluña defendía que no se supeditaría “a las instituciones del Estado español, en particular al Tribunal Constitucional”, en sus alegaciones pidió al mismo tribunal que use su jurisprudencia y anule el recurso del PP.

3. Con la aprobación de la resolución, se aseguró que se llevarían a cabo todas “las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con España”. Ante el tribunal, las intenciones se quedan en una “simple instrucción indicativa” y nunca “una disposición vinculante”

4. Además, aseguran que en ningún momento han violado la Constitución porque los acuerdos “carecen de fuerza legal”.

5. En ningún momento usan la palabra independencia. En su lugar se usa la expresión “proyectos políticos no coincidentes con la Constitución”.