El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid ha emitido un auto anunciando la apertura de juicio oral de la pieza separada relativa a León en el marco del caso Púnica. El juez Manuel García Castellón considera que existen indicios racionales de criminalidad suficientes contra el empresario e informático Alejandro de Pedro, imputado en Púnica; José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León y exsenador; Pedro Vicente Sánchez, exalcalde de Puebla de Lillo y exjefe de Gabinete de Isabel Carrasco (expresidenta de la Diputación de León); Manuel Jesús López, exinterventor de la Diputación; y Guadalupe Carrascosa, vinculada con De Pedro.

El Ministerio Fiscal, así como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), les imputan delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, fraude, cohecho y tráfico de influencias por los trabajos de reputación online realizados por las empresas de De Pedro para autoridades y cargos electos a cambio de beneficios personales. El expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, se habría beneficiado de dichos trabajos que estarían financiados, presuntamente, con en torno a 90.000 euros de dinero público y cuyo objeto estaba “alejado del bien común, con el correlativo prejuicio para las arcas públicas”.

 

 

Las empresas de De Pedro, Madiva Editorial y Eico Online, también deberán sentarse en el banquillo de acusados. Para las entidades se solicita una multa del doble del beneficio obtenido como consecuencia de la trama, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social durante los próximos cinco años.

El magistrado dispone, por responsabilidad civil, que los acusados deberán “afianzar solidariamente, en el término de una audiencia, la cantidad de 171.000 euros”. Asimismo, el juez ha fijado el próximo 20 de julio de 2018 como la fecha para que los acusados (tanto las personas como las entidades jurídicas) comparezcan a fin de notificarles la apertura del juicio oral y entregarles los escritos de acusación.