El abogado de Francisco Correa ha remitido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que ha solicitado que se retire la solicitud de traslado del cabecilla de la Gürtel desde la prisión de Valdemoro hasta el Congreso, donde ha sido citado para declarar en el seno de la comisión que investiga la caja B del Partido Popular.

El Plural ha tenido acceso a la carta. En ella, el abogado de Correa se escuda en que se “acogerá a su derecho constitucional a no declarar cualquier pregunta que se le pueda formular” ya que “el objeto de la investigación es coincidente con las numerosas piezas en las que se encuentra como investigado o acusado, y en los momentos actuales sus declaraciones fuera de sede judicial pueden afectar a su derecho de defensa”.

En consecuencia, el abogado ha solicitado que “deje sin efecto cualquier solicitud de traslado del Sr. Correa a la sede del Congreso de los Diputados” porque “únicamente originaría gastos e incomodidades innecesarias”.

Asimismo, ofrece a Pastor que “si fuese necesaria su presencia, le ruego que, como ya hizo la Comisión de investigación del parlamento de la Comunidad Autónoma de Valencia, se practique mediante video conferencia al Centro Penintenciario”.

Según ha podido saber este periódico, la solicitud de Correa ya tiene respuesta por parte del presidente de la Comisión, Pedro Quevedo (NC), quien ha trasladado a Ana Pastor su predisposición a realizar la comparecencia mediante videoconferencias.

El portavoz del PSOE en la comisión de la caja B del PP, Artemi Rallo, ha declarado a El Plural que “nosotros queremos que sea presencial” pero “entendemos” su postura y “creemos que se van a cumplir los objetivos de la comparecencia”. Eso sí, matiza que Correa habrá cosas que sí podrá responder porque “no todo tiene por qué afectar a su derecho de defensa”.

Fuentes cercanas a la comisión afirman que “ya nos esperábamos algo así” y señalan que la videoconferencia dificultaría insistir en las preguntas porque “de los que tienen causas abiertas no habla nadie”.

Correa recurre así a la estrategia de Luis Bárcenas. El extesorero, a pesar de que acudió a sede parlamentaria puesto que, a diferencia del cabecilla de la Gürtel, no estaba en prisión, se acogió a su derecho a no declarar y no respondió a prácticamente ninguna pregunta.

La comisión de la caja B, el mayor dolor de cabeza del PP

A pesar de que el PP la incluyó en su pacto de investidura con Ciudadanos y que votó favorablemente a su constitución, la formación popular no ha cesado en sus intentos de dinamitarla. Y no es para menos. Cinco de los siete extesoreros del partido ya han desfilado por sede parlamentaria: el primero fue Bárcenas, cuya declaración coincidió con el aniversario de la victoria del PP el 26J. Tras él, otros cuatro extesoreros populares debían desfilar ante este órgano parlamentario: Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Carmen Navarro (actualmente en el cargo) y Álvaro Lapuerta, quien no compareció por demencia sobrevenida. Naseiro, tesorero del PP entre enero del 89 y abril del 90, fue el primero en comparecer en una sesión muy agitada. Protagonizó incluso un momento tenso con Toni Cantó después de que el diputado naranja le reprochara que “tiene sordera selectiva” y que "el otro día tuvimos al tesorero mudo, hoy tenemos al tesorero sordo" (refiriéndose a Bárcenas).

Naseiro admitió que “con Fraga se pedía dinero a toda España” y “lo recaudado lo llevaban unas señoras del PP”. El extesorero matizó que “yo nunca le he pedido a ninguna empresa, ni a ninguna persona particular, dinero a cambio de nada”. Eso sí, el extesorero ha asegurado que “ibas a un mitin y te daban un talón”. De hecho, incluso ha contado, como anécdota, que “una vez, alguien le dio un talón con un poquito de dinero a los escoltas: ‘Tomad’”. Asimismo, concretó que “yo mandé diseñar la contabilidad que se utiliza, creo, a día de hoy”.

Por su parte, Ángel Sanchís confirmó que se organizaban cenas con “empresarios y amigos” para pedir financiación; mientras que Navarro, que se escondió tras la Justicia, admitió -sin pudor alguno- que no investigaría las irregularidades del pasado y corroboró la existencia de “abonos salariales complementarios”.

Carmen Navarro, en libertad sin fianza acusada de delitos por daños informáticos y encubrimiento en el marco del caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, fue la última tesorera en desfilar ante la Comisión. Tras los políticos, le tocó el turno a cargos policiales, tales como Manuel Morocho, inspector Jefe de la UDEF, quien en noviembre aseguró que “indiciariamente” Rajoy figuraba en los Papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos.