Por primera vez en 40 años de Democracia se ha convocado en España un referéndum ilegal por un Gobierno Autonómico. La prueba evidente de ello es que la Generalitat de Cataluña esconde las urnas que piensa utilizar para que se vote, las papeletas son clandestinas y el censo electoral secreto. Nunca en un país democrático se ha convocado un referéndum con semejantes circunstancias. Ni tan lamentables.

Las leyes democráticas se modifican democráticamente

La coalición que en Cataluña (JxSí más la CUP) sabe que no es legal el referéndum del 1 de Octubre porque, tal y como mandata la Constitución, los referéndums solo pueden convocarse con autorización del Gobierno central al que, a su vez, podría obligarle una mayoría parlamentaria. Así se ha hecho en Quebec (Canadá) y en Escocia (Reino Unido), ejemplos a los que los políticos independentistas catalanes han dejado de referirse porque saben que ya no pueden hacerlo.

En un Estado de Derecho democrático las leyes han de cumplirse y pueden modificarse, pero siempre dentro de los cauces democráticos y legales. La ruptura de todos los puentes de diálogo entre el Gobierno del PP y el Gobierno de la Generalitat en el año 2012, cuando Mariano Rajoy le dijo que 'no a todo' al entonces President de la Generalitat Artur Mas, ha desembocado en una situación política muy grave, extremadamente preocupante, con las instituciones y leyes democráticas no solo cuestionadas en un territorio tan relevante como Cataluña, sino directamente incumplidas.

El Gobierno obligado también a buscar una solución

El Gobierno, como mandata y obliga la Constitución, debe hacer que se cumpla la Ley. En caso contario España no sería un Estado de derecho. Pero para que se cumplan las leyes está el Poder Judicial (Jueces y Fiscales) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Ertzaina y Mossos incluidos).

Pero el Gobierno no sólo está obligado a vigilar que se cumpla la Ley. Está obligado a buscar una solución al problema político que hay detrás de un referéndum ilegal. En caso contrario sobraría un gobierno político y bastaría sentar en el Consejo de Ministros a jueces y fiscales.  

Todo indica que nos encaminamos a un referéndum ilegal y clandestino, perseguido por Jueces, Fiscales, Mossos, Policías y Guardias Civiles que será noticia internacional y que dejará la imagen de Cataluña y de España por los suelos. No vale con decir que los malos son los otros y que no hay solución posible. Un Gobierno que gobierna hace política, no se limita a pedir auxilio a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional (TC).

Cerilla y gasolina

El problema es que el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy incendió la mecha cuando, en un ejercicio de nulo patriotismo y absoluto oportunismo político, arremetió contra el Estatut de Cataluña en 2007 y el PP tumbó en el Constitucional -con magistrados mantenidos por el PP fuera de mandato para ello- un Estatut que habían aprobado el Parlament, se había aprobado en el Congreso de los Diputados, y los catalanes habían aprobado en un referéndum, este sí legal.

Rajoy utilizó el Estatut y Cataluña para acusar al Gobierno de Zapatero de 'romper España' -jamás a Zapatero un gobierno autonómico le puso urnas en la calle- con el objetivo de que los socialistas no tuvieran mayoría absoluta en 2008. Lo consiguió. Y la antigua CiU utilizó el enorme descontento y desafección que provocó la sentencia del TC para evitar que la corrupción (el 3%) y los brutales recortes en políticas sociales coparan la calle y la política.

El resultado es que CiU ya no existe y Artur Mas no es President. Veremos si a Rajoy esta vez el conflicto catalán le da los votos que añora.