Todo comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirmó que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres se podrían haber «apoderado» de fondos –públicos y privados- destinados al Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida por ambos. A partir de este momento, la Fiscalía balear autorizó una serie de registros que se han llevado a cabo en empresas pertenecientes a un supuesto entramado que, presuntamente, se habría beneficiado de parte de estos fondos.
Al parecer, aunque la Fiscalía aun no ha citado a declarar como imputado al duque de Palma -ni parece que vaya a tomar decisión alguna sobre su situación procesal hasta que se analice la documentación intervenida en los registros-, queda de manifiesto que el señor Urdangarín ha puesto en un serio aprieto a la Corona y en jaque a su suegro, el Rey Juan Carlos.
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