Una de las razones de la fatiga informativa que padecemos radica en que los medios de comunicación abusan de las noticias sin contextualizar, de la información dispersa y fragmentada que dificulta el ejercicio de la crítica ciudadana. Por eso, voy a intentar en la columna de hoy inventariar y recopilar como la derecha y la ultraderecha españolas practican el sabotaje permanente de la democracia parlamentaria en casi todos los ámbitos.
El sabotaje no es otra cosa que la obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas como afirma la Real Academia en la segunda acepción de este término.
En el tema de la amnistía el boicoteo se lleva a cabo, agotadas las estrategias para ralentizar su aprobación en el Senado, con la inestimable cooperación de los jueces afines.
A la hora de ejercer las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, las comunidades autónomas del PP ponen todo tipo de trabas con la ayuda inestimable de los profesionales de la medicina que se declaran objetores.
La ley de Vivienda, como muchas otras normativas estatales sobre materias cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, es ignorada sistemáticamente en los territorios con gobiernos de derechas. O sus facilidades, como los bonos de alquiler para los jóvenes, se retrasan por razones burocráticas.
Algo similar ocurre con las ayudas a la transición energética: las subvenciones a la instalación de paneles fotovoltaicos se pagan hasta con dos años de retraso en algunas regiones gobernadas por el PP. Y lo mismo con las ayudas a la compra de vehículos eléctricos. En ciudades con gobiernos municipales de PP y Vox se retrasan las zonas de bajas emisiones o se suprimen carriles-bici.
Con la ley de Eutanasia las obstrucciones a su cumplimiento son casi la regla en los territorios gestionados por la derecha. Tres años después de su entrada en vigor las administraciones del PP se apoyan en los médicos objetores para no cumplirla.
Los boicots más flagrantes se dan en el ámbito de la memoria histórica donde se ha llegado a la derogación de la ley anterior y su sustitución por otras llamadas de concordia que blanquean o ignoran la dictadura franquista.
Como Vox niega la violencia machista allí donde el PP gobierna con los ultras se han desmontado servicios de ayuda a las mujeres y se han sustituido por otros que ponen el acento en las ayudas a la maternidad para embarazos no deseados.
Lo más llamativo se observa en el sabotaje de la política fiscal aprobada por las Cortes. Las comunidades del PP bajan o eliminan impuestos a los más ricos para, a continuación, exigir al Estado más recursos económicos.
En Sanidad y Educación los obstáculos se concretan en recortar en el sector público y canalizar el gasto a las empresas privadas para atender a la demanda.
Andalucía prepara la eliminación de la gratuidad en el acceso a museos, mientras plantea cobrar por el acceso a lugares públicos como la Plaza de España en Sevilla. Se oponen a la existencia de tasas turísticas, pero diseñan otras nuevas que beneficiarán a las empresas concesionarias de determinados servicios.
No pretendemos ser exhaustivos, pero a la vista de este inventario provisional cabe preguntarse qué es lo que no boicotea la derecha con el respaldo de sus satélites ultras y acabaríamos antes.
