Concluido su mandato al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado este jueves tras la reunión del Consejo Fiscal, su decision de no renovar a Almudena Lastra, una de las voces más críticas en el marco de la investigación contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, y comunica que será Isabel Marín quien ocupe el hueco que deja Lastra.
A pesar de que la hasta ahora fiscal de la Comunidad de Madrid había comunicado su voluntad para la reelección, fuentes jurídicas ya habían anticipado que esto resultaba poco probable, más todavía después de que en el juicio contra García Ortiz, Lastra expusiera sus sospechas que atribuían al exfiscal general la autoría de la filtración de los correos contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Así, al margen de nombrar a Marín como nueva fiscal, Peramato también ha ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo a Pilar Rodríguez.
Sobre Lastra, esta reveló en su declaracion en el juicio contra García Ortiz que el 14 de marzo en una llamada que mantuvo con el exfiscal general ella le dijo había sido García Ortiz quien había filtrado los correos contra González Amador, a lo que él le contestó “eso ahora no importa”. Según se desprendió de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, Lastra, “fiel a su superior”, advirtió al exfiscal de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, otras fuentes fiscales consideran desleal que Lastra no atendiera ese día a las llamadas de García Ortiz cuando desde la Fiscalía estaban tratando de desmentir el bulo que ya había difundido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional.
Precisamente por esto, desde el sector conservador del ministerio fiscal ya han entonado las primeras críticas contra los nombramientos porque, a su juicio, estos se corresponden con la actuación que tuvo Lastra en el juicio contra el exfiscal general. Frente a ello, desde la Fiscalía General subrayan que entre la veintena de designaciones hay seis fiscales de la UPF y otros seis de la AF, como es el caso de la fiscal Pilar Martín Nájera, elegida para la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Entre los demás nombramientos, figuran la nueva fiscal jefa de la Inspección fiscal, María José Osuna; el fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar; Javier Serrano-Jover, elegido como fiscal Superior de Canarias; Emilio Manuel Fernández, de Castilla La Mancha; Mª Asunción Losada, de Aragón; Francisco Javier Montero, de Extremadura.
No solo contra García Ortiz, también con Ayuso en las residencias
Quien ya se erige como exfiscal de Madrid acumula un generoso currículum en causas judiciales y recientes y de amplio calado en el mundo de la judicatura. En lo referente al juicio contra el exfiscal, Lastra apoyó el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez replicando así la tesis de que fue García Ortiz quien filtró el correo contra la pareja de Ayuso.
“Le dije literalmente: ‘Por favor, Pilar, no hagas nada’. Porque ya cuando había hablado con ella le dije ‘Deja que me ocupa yo’, porque ella me dijo ‘Me está llamando Álvaro a la vez’ (…) Y yo dije. ‘Pilar, si yo lo entiendo, que te llama Álvaro y es el fiscal general y tienes que atender lo que te diga el fiscal general, pero es que hemos quedado en que me ocupo de hacer yo la nota de prensa”, detalló Lastra mencionando también a la fiscal ascendida al Supremo Pilar Rodríguez.
A continuación, habría hablado con García Ortiz, a quien habría dicho lo siguiente: “Creo que no le di ni los buenos días. Le dije ‘¿has filtrado el correo? (…) (Me dijo) ‘Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuante antes. Si tú me ordenas que la saque, yo la damos curso sin más. Y eso es en lo que quedamos, que saldría como nota de la Fiscalía Provincial, porque yo no asumía el contenido de esa nota”.
En otro orden de cosas, Lastra, preguntada por el abogado de González Amador, dijo que “cualquier información que no supusiese desvelar la estrategia de defensa de un imputado (habría bastado para desmentir noticias falsas)”. “Con señalar que la información era falsa, que se sigue el procedimiento de siempre y que no había instrucciones sobre una propuesta de conformidad bastaba. No había que decir si se habían reconocido o no los hechos. No es nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie”, mantuvo.
Sin embargo, la voz de Lastra no ha concentrado el foco mediático y judicial en esta causa, sino que ya en 2021, un año después de que se firmaran los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, Lastra defendió que en la comunidad no ocurrió nada que “no pasara en otras partes” y aseguró que estos documentos no prohibieron que se derivaran pacientes.
De esta forma, sostuvo que el protocolo del Ejecutivo de Ayuso que impidió que estas personas recibieran atención hospitalaria “no funcionó como impedimento”. Asimismo, señaló que los usuarios recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en casos de ser derivados” y aseguró que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole” que, en realidad, nunca se adoptaron.
