Salen a la luz los motivos por los que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide al Tribunal Supremo la nulidad de su sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por la filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía sus delitos fiscales.
En su escrito, la defensa de la pareja de la lideresa regional ha esgrimido hasta siete motivos en su solicitud, a través de un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. “Es un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía”, deslizan las líneas.
El texto también alude al auto por el cual el Alto Tribunal rechazó investigar al presidente del tribunal por su presencia, así como las expresiones empleadas en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de la región en deliberaciones para apuntar a la pérdida de la apariencia de imparcialidad de los magistrados.
Además del incidente de nulidad, su defensa iba a registrar otro escrito con el que solicitarían la suspensión de la ejecución de la sentencia. El objetivo de esto pasa por postergar la aplicación del fallo hasta que se resolviera el incidente de nulidad. En última instancia, el escrito no se ha presentado debido a que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó la incorporación de García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo.
Primero, al Supremo
Hace una semana que el fiscal general del Estado pedía al Supremo que anulara la condena que recae sobre él por la posible filtración del mail de la pareja de la administradora primera de Sol; y previsiblemente elevará lo mismo al Tribunal Constitucional (TC).
García Ortiz fue condenado por la filtración de un correo electrónico en el que el empresario había cometido dos delitos fiscales. El desde ese momento ex fiscal general fue sentenciado a dos años de inhabilitación para su cargo, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Sala Segunda del TS notificaba a principios del mes de diciembre la condena contra la persona que se situaba al frente del Alto Tribunal por revelación de datos reservados. Además de que pasaron días entre sentencia y condena, ésta aumentó la controversia al señalar que el propio García Ortiz o “una persona de su entorno” había filtrado el mensaje y sus pilares se sustentaban principalmente en una nota de prensa.
El Supremo indicó que no ponía en duda la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de los testimonios, si bien subrayaba que el hecho de que una dato reservado sea conocido “no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general”. En esta línea, hay que destacar que dos magistrados votaron de manera particular a favor de la absolución de García Ortiz.
La Abogacía del Estado contempla que la decisión judicial vulneró derechos fundamentales de García Ortiz como son el derecho a la presunción de inocencia, la legalidad penal y la tutela judicial efectiva.
Así, se señaló habló de una posible pérdida de imparcialidad de parte del tribunal que juzgó al ex fiscal atendiendo a que tres de los magistrados se encontraban impartiendo un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que comenzó un día después de que terminara la vista oral. Uno de los jueves de aquel tribunal era Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, y los otros dos Juan Ramón Berdugo y Antonio Moral.
El segundo ejerció durante años como director de la tesis del abogado que representa al compañero sentimental de la presidenta regional. Aquellas sesiones tuvieron lugar los días 17,18 y 19 de noviembre, coincidiendo con la deliberación del fallo. Más concretamente, Arrieta impartió dos horas de clase y obtuvo por ellas una remuneración de 180 euros; mientras que Del Moral y Berdugo dieron cuatro horas de clase por un montante de 360 euros. El primero consiguió 270 por coordinar el curso además, lo que dejó la cuantía en 630 euros.
