Desde el pleno restablecimiento de la democracia en nuestro país ha funcionado un sistema de control democrático plural del servicio público de radio y televisión. Un sistema basado en la elección por una muy amplia mayoría parlamentaria, como mínimo de dos tercios, de los integrantes del órgano colegiado de dirección de RTVE, que esto ha sido hasta ahora su consejo de administración. Este sistema fue sustancialmente mejorado con la elección, asimismo con el apoyo de la ya citada amplia mayoría parlamentaria, del presidente de la corporación.

Todo esto se ha ido al garete con la medida absolutista adoptada por el PP, con el único apoyo de CiU, que ha suprimido la exigencia de la mayoría de dos tercios para la elección de los nuevos miembros del consejo de administración de RTVE. Ahora basta tan sólo con la mayoría absoluta, lo que en las circunstancias actuales hace posible que el PP pueda imponer, si así lo considera oportuno, a todos los integrantes de dicho organismo. Pero tanto o más grave que este nuevo sistema de elección es que el decreto-ley de reforma de RTVE convierte a su nuevo consejo de administración en una parodia de lo que ha sido hasta ahora.

Con la socorrida excusa del necesario ahorro no sólo se ha reducido de doce a nueve el número de consejeros, con lo que esto comporta de reducción de la pluralidad de sus miembros, sino que se suprime la dedicación exclusiva de los consejeros, que a partir de ahora perciben ya únicamente unas mínimas dietas por asistencia a consejos mensuales. Esto es tanto como reducir el consejo de administración de RTVE a un organismo apenas sin competencias, sin ningún poder ni capacidad de control frente a un presidente, nombrado también por mayoría absoluta por el PP, como nunca había ocurrido en nuestro país desde el pleno restablecimiento de la democracia.

El PP, con la ya habitual complicidad de CiU y de hecho siguiendo la estela ya iniciada por la federación nacionalista en Cataluña, ha hecho de esta partidista renovación de RTVE una auténtica farsa. Bien hace el PSOE al rechazar su participación en esta farsa. Una farsa que puede condenar al servicio público estatal de radio y televisión en lo que era antes del pleno restablecimiento de la democracia en España.

Jordi García-Soler es periodista y analista político