Resulta que esta señora cambiaba el Plan de Ordenación de su Ayuntamiento, según la  investigación  del juez, en función de los intereses de un constructor particular, Enrique Ortiz, con el que debía tener una relación especial.

Como la corrupción es una práctica demasiado  habitual entre los gobernantes de la Comunidad Valenciana, el juez que investiga el caso Brugal se ha encontrado con otra ramificación. La alcaldesa Sonia Castedo y su antecesor, también del PP, Luis Díaz Alperi, ambos diputados provinciales y por tanto aforados, podrían haber cometido los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

El juez  pide su imputación al considerar que ambos cambiaron el PGOU de Alicante a petición de un particular, dejando de lado los intereses del Ayuntamiento y sus vecinos. La conversación telefónica entre la alcaldesa y el promotor es de vergüenza ajena e incriminatoria a tope. Castedo le confiesa a su amigo Ortiz que : "Te hemos apañado también lo que hay entre el  APA9 y Lomas de Garbinet". Ya solo con oír la palabra "apañado" queda  muy claro de que va el contenido de la charla telefónica.

Pero, no contenta con esto, la alcaldesa insiste: "Y tenemos apañado también lo del Rico Pérez".  Por descontado que lo que estaba la edil relatando eran las modificaciones hechas en el plan de urbanismo para favorecer a este constructor en concreto. Se da la circunstancia de que el citado PGOU no se había entregado, todavía, a la Gerencia de Urbanismo y aún faltaban once días para que se hiciera público.

Y como las relaciones familiares en el PP son siempre prioritarias, entre los imputados está también un hermano de la alcaldesa, José  Luis Castedo, y dos directivos de Bancaja. Esa entidad fusionada con Caja Madrid y a la que se responsabiliza, en gran medida, del agujero negro de Bankia y su matriz. Estaba claro quien dirigía las Cajas de Ahorro en las provincias de Valencia y Alicante. Se explica perfectamente el desguace patrimonial de las entidades financieras que servían para los intereses privados de los dirigentes políticos.

Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer sin ruborizarse, que el problema de la banca española es no haber acometido antes la reforma financiera. No mencionó la imputación de Rodrigo Rato, ni de Acebes, ni se dio por aludida ante los desmanes en la gestión que sus compañeros de partido han hecho con las Cajas.  Pío, pío que yo no he sido.

Victoria Lafora es periodista y analista política