Disponer de una historia clínica universal de cada paciente accesible para los profesionales de la sanidad pública y de la privada aumentaría la eficacia de nuestro sistema sanitario, ahorraría mucho dinero en repetición de pruebas y evitaría errores, confusiones y retrasos en la cadena de asistencia.
En España, el Ministerio de Sanidad señala periódicamente que trabaja con las 17 comunidades autónomas en hacer interoperables las historias clínicas de sus respectivos sistemas de salud, pero hasta el momento no pasa de ser un objetivo incumplido y una reivindicación de las consejerías respectivas de cada territorio.
Por su parte, organizaciones profesionales como la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) recuerdan que han solicitado reiteradamente al Ministerio de Sanidad la urgencia de contar con una historia clínica que integre los datos de la sanidad pública y privada.
Si en el Sistema Nacional de Salud (SNS) no se ha conseguido la coordinación de las 17 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Sanidad, en el sector privado la digitalización tampoco ha servido para lograr una historia clínica unificada de cada persona asegurada.
Las grandes aseguradoras privadas como Sanitas, Asisa, Adeslas o DKV han desplegado en los últimos años una red de centros asistenciales propios en los que realizan pruebas y análisis clínicos, pero solo incorporan a la historia clínica del paciente los resultados de las realizadas en sus instalaciones. Un asegurado de Sanitas tiene en su cuenta personal los resultados e informes de las pruebas hechas en sus centros médicos, pero no las hechas en centros de uno de los gigantes de la sanidad privada, el Grupo Quirón Salud, por ejemplo.
Siguiendo con el ejemplo de Sanitas, la web de esta aseguradora perteneciente a la multinacional Bupa, permite que el usuario incorpore a su historia clínica informes en su poder para completar su historia. Se le traslada al paciente una tarea que debería hacer la aseguradora con las entidades con las que subcontrata pruebas diagnósticas o análisis. Además, los pacientes tienen que lidiar con las dificultades que ponen las distintas empresas para descargarse unos archivos sensibles, como son todos los referidos a la salud personal.
La paradoja aumenta cuando observamos que los sistemas de salud autonómicos derivan de manera creciente, como es el caso de Andalucía, a centros privados la realización de pruebas cuyos resultados si se incorporan de manera automática a la historia clínica del paciente.
La tan traída y llevada colaboración público-privada solo funciona para facilitarle recursos e ingresos a las empresas privadas del sector, pero no para mejorar la eficacia del trabajo de los profesionales y optimizar la asistencia a los pacientes.
