La OCU lleva una década cobrando comisiones de comercializadoras de electricidad y gas a cambio de captarles clientes. Son las energéticas que ganan las subastas de energía que la Organización de Consumidores y Usuarios organiza desde 2013. Subastas en las que la OCU mantiene en secreto qué compañías participan. Como también mantiene en secreto el montante económico que ha obtenido con estas comisiones. Un montante que podría rondar los 2 millones de euros, teniendo en cuenta que en las campañas con las que capta a los clientes asegura que más de 100.000 consumidores se han dado de alta en las tarifas de luz y gas ganadoras de esas subastas.

Y es que hemos podido conocer el importe de algunas de las comisiones pagadas a la OCU por las energéticas. Comisiones que aparecen en acuerdos clasificados como “confidenciales” por la organización y las empresas firmantes. Pero como desde 2016 la OCU ha tenido que depositar esos acuerdos en los ministerios con competencias en consumo, hemos accedido a ellos a través del portal de transparencia. Y al revisarlos, vemos que las comisiones oscilan entre 14,52 y 18,15 euros por cliente captado.

18,15 euros por cliente es lo que ha pagado la comercializadora ganadora de la subasta de la OCU en 2023, Octopus Energy. El mismo importe que le pagó la anterior vencedora, Repsol. Anteriormente, la cifra fue de 14,52 euros. Es lo que abonaron a la OCU por cada cliente captado Cepsa, Feníe Energía y Esfera Luz -que ahora opera con la marca Nexus Energía-.De las energéticas que firmaron estos acuerdos con la OCU entre 2013 y 2016 no tenemos cifras, porque en esas fechas no estaba obligada a depositarlos en el ministerio de consumo. Esas otras compañías son Holaluz, Viesgo -que fue comprada por Repsol- y Gas Natural Fenosa -ahora Naturgy-.

Los pagos se realizan a una empresa instrumental de la OCU llamada OCU Ediciones SL. En realidad, la OCU solo es propietaria del 10% de la empresa. El otro 90% está en manos de la organización belga Test Achats. La OCU forma parte de un entramado internacional de asociaciones y sociedades mercantiles, algunas de las cuáles tienen sedes en territorios de baja fiscalidad: Países Bajos y Luxemburgo.

Tras una denuncia presentada por FACUA hace ya un año, el diario El País preguntó por ella al Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, desde el que se limitaron a contestar que todavía estaban analizando acuerdos firmados por la OCU con decenas empresas. Al igual que los suscritos con las energéticas, buena parte de esos acuerdos recogen el pago de comisiones por captarles clientes. La ley prohíbe a las asociaciones de consumidores realizar publicidad comercial y mantener relaciones con empresas que mermen su independencia. Acabó la legislatura y en Consumo seguían analizando, pero no anunciaron ninguna medida. Ya veremos si el nuevo ministro de Consumo y otras cosas, Pablo Bustinduy, se toma este tema con la preocupación que merece.

Las asociaciones de consumidores no podemos ser comisionistas de empresas ni dedicarnos a publicitar sus ofertas con la excusa de que logramos negociar los mejores precios. Nuestra misión es otra. Debemos ser vigilantes del mercado desde la más absoluta independencia. Y si en la OCU quieren dedicarse a recibir dinero de empresas, deberían dejar de llamarse "Organización de Consumidores y Usuarios".

Análisis de Rubén Sánchez, periodista y activista por los derechos de los consumidores.

 


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