Pues no. En esta ocasión tampoco Feijóo y Abascal han conseguido tumbar a Pedro Sánchez ni derrotar al Gobierno. A pesar de sus maniobras, de sus ataques personales y del intento constante de embarrar el debate público, la legislatura sigue en pie. Hay algo que no entienden: en democracia no gana quien grita más fuerte ni quien agita con más rabia los viejos fantasmas. Gana quien tiene propuestas, quien defiende con convicción un modelo de país. Por eso, una vez más, se han quedado solos.
El presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso para presentar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con la cabeza alta y determinación intacta. Pedro Sánchez pudo haberse marchado. Lo sopesó seriamente. Pero no lo hizo. Y no porque esté aferrado al sillón, como tanto le gusta repetir a la derecha, sino porque entendió que lo fácil es rendirse, pero lo correcto era quedarse y dar la batalla. Darla contra la corrupción, contra la hipocresía y contra quienes, desde sus escaños y altavoces mediáticos, solo han sabido mirar hacia otro lado mientras saqueaban lo que era de todos.
El plan que ha presentado es, en palabras de expertos y organismos internacionales como la OCDE, el mayor esfuerzo legislativo y político en la historia democrática de nuestro país contra la corrupción. Es un paquete integral de quince medidas que no se limitan a castigar a quienes cometen delitos, sino apuesta por prevenirlos. Por cerrar las puertas a las malas prácticas antes de que se abran. Por proteger a quienes denuncian y por recuperar hasta el último euro robado. Por crear una verdadera cultura institucional basada en la transparencia y la integridad.
Entre las medidas más relevantes, destaca la creación de una Agencia de Integridad Pública verdaderamente independiente, que velará por la limpieza en la gestión de fondos públicos en todas las administraciones. Se aplicará inteligencia artificial en la contratación pública para detectar irregularidades antes de que se conviertan en delito. Las empresas que trabajen con la administración deberán tener planes anticorrupción, y habrá controles aleatorios sobre el patrimonio de altos cargos. Los partidos tendrán que someterse a más auditorías, y los lobbies y donaciones privadas serán más transparentes.
También se protegerá, por fin, a quienes se atreven a denunciar. Porque en este país, durante demasiado tiempo, quien levantaba la voz era castigado y el corrupto seguía impune. Eso se va a acabar. Se reforzarán los mecanismos judiciales, con más medios para la Fiscalía Anticorrupción, creación de juzgados especializados y una reforma que pone el foco en agilizar los procesos que afectan a cargos públicos. A esto se suma el decomiso preventivo de bienes robados, incluso antes de que haya sentencia firme, para evitar su fuga o blanqueo. No basta con castigar, hay que devolver a lo público lo que es de todos.
Este plan es un compromiso firme con la regeneración democrática. Todo el desarrollo y aplicación de estas medidas será evaluado y supervisado por la OCDE, con informes públicos que medirán si cada una de las propuestas se cumple, hasta la última coma.
Y mientras tanto, ¿qué hacía la derecha? Gritar. Molestar. Interrumpir. Tratar de tapar su falta de proyecto con ruido. Yolanda Díaz subió a la tribuna apenas unas horas después del fallecimiento de su padre. Subió con la serenidad y la dignidad que la caracterizan, y dejó claro que ese mismo compromiso con la democracia y los derechos sociales lo había aprendido en casa. Dijo, con emoción contenida, pero con firmeza, que su padre jamás habría querido ver a las derechas gobernando este país. Y, sin embargo, la bancada del Partido Popular no tuvo el mínimo respeto a la solemnidad del momento. La interrumpieron constantemente, intentando impedir que hablara. Ni humanidad, ni educación, ni política.
Gabriel Rufián puso el dedo en la llaga: el problema no es Pedro Sánchez. El problema es la estructura de impunidad que el PP lleva décadas construyendo. No se trata de casos aislados, ni de manzanas podridas. Se trata de un sistema, de una manera de entender lo público como una caja propia, un modelo que ha demostrado ser incompatible con la ética democrática.
El portavoz socialista Patxi López lo expresó con precisión: Feijóo no tiene proyecto. Su única estrategia es deslegitimar al presidente del Gobierno, convertirlo en enemigo, dinamitar la convivencia democrática. Lo que hace el PP no es oposición. Es agitación. Es sabotaje. Y no se engañen, quien realmente dirige el PP no es Feijóo. Son los intereses que nunca se presentan a las elecciones: el poder económico, mediático y ciertos sectores judiciales. Les molesta este Gobierno porque sube salarios, concede becas, grava a los bancos y defiende lo público.
La última prueba de esa pulsión autoritaria de Feijóo fue exigir el cambio del Tribunal Constitucional. Como si el alto tribunal fuera una oficina de su partido. Como si el sistema judicial fuera un instrumento más al servicio del PP. ¿De verdad cree el señor Feijóo que hemos olvidado los sobres en B, los papeles de Bárcenas, la caja negra del PP y el “Luis, sé fuerte”? No se puede hablar de regeneración desde el lodazal.
Y mientras tanto, Abascal. Vomitando odio desde la tribuna, atacando a los inmigrantes como si fuera culpables de algo, prometiendo deportaciones masivas al estilo Trump. Lo dijo sin pestañear, como si no hablase de personas, sino de mercancías. Pero todos sabemos que, si expulsaran a los trabajadores inmigrantes que sostienen la economía, él tendría que ponerse a trabajar. Y no lo hará. Ni ha trabajado nunca fuera de la política, ni va a empezar ahora. A las 10 y media ya se había marchado del Congreso. Porque sí, trabajar cinco minutos lo agota.
El balance final es claro: el Gobierno sigue. La legislatura continúa. La mayoría parlamentaria resiste. Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y el PNV mantienen su apoyo. Podemos no se suma a ninguna moción contra el Ejecutivo. PP y Vox, otra vez, se quedan solos. Con su ruido, con su frustración y con su impotencia.
La coalición progresista sigue adelante. Porque cuando enfrente tienes a un partido con más de treinta causas judiciales abiertas por corrupción y a otro que sueña con deportar a millones de personas, lo que debe prevalecer es el Estado de Bienestar, la justicia social y la decencia institucional.
Como dijo Pedro Sánchez: “Lo fácil sería tirar la toalla. Pero no hacemos lo fácil. Hacemos lo correcto. Caminamos hacia delante. Siempre hacia delante. Y con nosotros camina una mayoría que quiere un país más limpio, más justo y más digno”.