La educación pública andaluza vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente, y no es fruto de la casualidad. Es consecuencia directa de un Gobierno, el de Moreno Bonilla, que ha demostrado con hechos —y con votos— que la educación pública no es una prioridad. Lo que está ocurriendo en las aulas andaluzas no es un accidente: es un modelo político que debilita lo público para favorecer lo privado.
El ejemplo más reciente es el rechazo del PP y Vox a la ley que buscaba reducir las ratios en las aulas públicas de Andalucía en el Parlamento hace unos días. Lo hicieron sabiendo que miles de familias y docentes habían reclamado esa bajada. Y aun así votaron en contra. Una decisión que retrata mejor que cualquier discurso el verdadero compromiso de la derecha con la educación pública: ninguno.
Reducir las ratios no es un capricho. Es una necesidad urgente. Menos alumnos por clase permite atender mejor al alumnado con dificultades, reducir el estrés docente, mejorar el clima escolar y garantizar que la escuela pública siga siendo una herramienta de igualdad. Por eso la propuesta socialista buscaba fijar límites claros —18 alumnos en Infantil y Primaria, 23 en ESO, 27 en Bachillerato y 15 en aulas de necesidades educativas especiales— y reforzar las plantillas con 13.000 docentes más. No era una ley para el PSOE. Era una ley para el alumnado andaluz.
La portavoz socialista, Susana Rivas, lo dijo alto y claro en el Parlamento: “Moreno Bonilla prefiere continuar con su modelo de recortes y desmantelamiento de la educación pública para favorecer a la privada”. PP y Vox no solo rechazaron la reducción de las ratios. Rechazaron también el respeto a más de 50.000 andaluces que apoyaron esa demanda a través de una iniciativa legislativa popular. Fue un rodillo ideológico, no un debate educativo.
Y lo más grave es que la necesidad de bajar las ratios no es teórica. En Andalucía hay más de 3.500 unidades que superan los máximos legales actuales. En Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Familias y docentes denuncian situaciones donde un solo profesor atiende a casi treinta alumnos con perfiles totalmente distintos. Es imposible ofrecer una educación de calidad en esas condiciones.
El alumnado con necesidades específicas es el que más sufre. Hay menores que apenas reciben media hora de atención semanal. Faltan orientadores, pedagogos terapéuticos y especialistas. La atención a la diversidad se ha convertido en un lujo, y la Junta mira hacia otro lado.
Mientras tanto, el Gobierno de España avanza en la dirección contraria. Pedro Sánchez ha aprobado un anteproyecto de ley estatal para reducir las ratios en todo el país: 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria como máximo. Además, el Gobierno mejora las condiciones docentes, fijando 23 horas lectivas para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para ESO y Bachillerato. Es una apuesta clara por la dignidad del profesorado y la calidad educativa, no por los recortes.
Conviene recordar de dónde venimos. Con Aznar y Rajoy se recortaron 44.652 millones en educación. ¿Ya lo hemos olvidado? También cabe recordar que, en 2012, el Gobierno de Rajoy impuso recortes devastadores: aumentó las horas lectivas, elevó las ratios y congeló las plantillas docentes. Miles de interinos perdieron su empleo y los centros educativos quedaron al borde del colapso. Aquella política del “ahorro a costa de la educación” provocó el deterioro del sistema y una sobrecarga emocional y profesional para miles de maestros y profesores. La derecha convirtió las aulas en trincheras improvisadas. Eso es lo que el PP llama “eficiencia”. Lo que viene de Sánchez es exactamente lo contrario: refuerzo, inversión y respeto.
Mientras el Gobierno de España avanza, Andalucía retrocede. Y retrocede porque así lo ha decidido Moreno Bonilla, quien desde que llegó a San Telmo, el gasto en educación concertada ha aumentado en casi 300 millones. Un incremento del 26%, pasando de 843 a 1.143 millones en apenas cuatro años. Ninguna comunidad de España ha crecido tanto en dinero destinado a la concertada. Y mientras, la educación pública vive una sangría: 3.000 aulas cerradas.
La Junta repite que la baja natalidad obliga a cerrar líneas públicas. Pero esa misma baja natalidad no afecta a los centros concertados, donde las líneas se mantienen intactas. La demografía es la excusa, no la causa. Es una estrategia política para desviar fondos públicos hacia centros privados.
El sindicato USTEA lo explicó de manera impecable: la caída de natalidad era la oportunidad perfecta para bajar las ratios. Moreno Bonilla la ha convertido en la excusa perfecta para destruir aulas públicas.
A ello se suma otro drama: los barracones. Moreno Bonilla prometió eliminarlos. Hoy hay más que nunca. En la Costa del Sol, en Sevilla, en Almería, en las áreas metropolitanas, en los pueblos. Aulas donde los menores estudian entre paredes prefabricadas mientras la Junta presume de récord de inversión… pero en conciertos educativos.
Otro incumplimiento sistemático es la bioclimatización. La ley se aprobó hace cinco años, pero siguen sin llegar los sistemas de climatización prometidos. En verano, hay centros donde se superan los 30 grados dentro de las aulas. Docentes mareados. Niños intentando aprender en condiciones indignas. La Junta llegó tarde y mal.
Y no podemos olvidar los comedores escolares. Más caros, peor supervisados y con alimentos denunciados en repetidas ocasiones por mala calidad. Familias que pagan más por un servicio peor. Privatización y falta de control: una combinación que ya conocemos.
El último golpe ha sido la eliminación de los auxiliares de conversación nativos en los centros bilingües públicos. Más de 25 años de apoyo lingüístico desaparecen de un plumazo. Las familias con recursos pagarán academias. Las que no, verán empeorar la calidad educativa de sus hijos. Otra vez, el patrón se repite: empobrecer lo público para justificar lo privado.
Y todo esto ocurre en una comunidad situada dos puntos y medio por encima de la media nacional en abandono escolar temprano. La brecha no se reduce recortando, sino invirtiendo. Pero el Gobierno andaluz ha elegido la vía opuesta.
Este deterioro no es desorden. No es dejadez. Es una estrategia. Una forma de gobernar. Debilitar lo público para reforzar lo privado. Convertir un derecho en un negocio. Y con ello, consolidar desigualdades que afectan a quienes tienen menos oportunidades.
La educación pública no es un gasto. Es la base de una sociedad justa, democrática e igualitaria. Y su abandono no solo perjudica a quienes estudian hoy. Perjudica al futuro entero de Andalucía.
La pregunta es simple: ¿Queremos una escuela pública fuerte, inclusiva y de calidad, o queremos un sistema que segrega y selecciona? Andalucía, mientras siga en manos de Moreno Bonilla, avanza hacia lo segundo.
Pero aún estamos a tiempo. A tiempo de defender la escuela pública. A tiempo de frenar la deriva que ha llevado a Andalucía a la cola en inversión educativa. A tiempo de recordar que una educación pública fuerte es la única garantía real de igualdad. Sr. Moreno Bonilla, Andalucía merece igualdad. No barracones. No ratios imposibles. No recortes disfrazados de gestión.
