Afortunadamente, en el último momento, una mente lúcida decidió no elevar de nuevo la tarifa, como se había previsto, con un 5,9 por ciento en el último trimestre del año, justamente en el trimestre de la campaña electoral.
Me refiero a la tarifa de “Último Recurso” que, a pesar de lo que parece indicar su denominación, no va dirigida a un grupo reducido de personas sino a más de 20 millones de usuarios.
El efecto inmediato de dicha congelación es el aumento del “déficit de tarifa”, un prodigioso invento de las eléctricas que de hecho les permite dictar a ellas mismas los precios y que en teoría debería eliminarse el año que viene. Siempre si Dios quiere.
Es una aberración “tragada” por Rodrigo Rato cuando era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y que han mantenido tal cual, impasible el ademán, los ministros de Industria del gabinete Zapatero: José Montilla, Juan Clos y Miguel Sebastián.
El impropiamente llamado “déficit de tarifa” ha ido tomando incremento hasta superar los 22.000 millones de euros con cifras del pasado 31 de agosto.
Miguel Sebastián, que por algo es considerado por las eléctricas como el mejor ministro de Industria de la democracia, otorgó a aquellas el regalo más suntuoso de la historia: la titulización de la deuda y el aval del Estado.
José María Aznar se negó año tras año a subir las tarifas, transfiriendo para el futuro un problema real que mantenía a las eléctricas bajo la sospecha de las agencias de calificación a pesar de los grandes beneficios declarados.
Sin embargo Aznar las compensó aceptando el principio del déficit de tarifa que en teoría es la diferencia entre los precios de venta de la electricidad y los que deberían alcanzar en opinión de las compañías, las que por cierto no se han distinguido nunca por la transparencia de sus cuentas.
Zapatero aceptó el trágala e incrementó el déficit al ofrecer unas primas demenciales a los inversores en energías renovables.
Es verdad que dio marcha atrás pero no sin efectos colaterales; a costa de generar inseguridad jurídica en lo universal y una imagen de falta de seriedad entre los inversores extranjeros que mantienen un contencioso aún no resuelto.
José García Abad es periodista y analista político
