Con los embalses por debajo del 40% de su capacidad y los pronósticos de lluvia instalados en la incertidumbre, la situación de sequía que venimos padeciendo en los últimos años tiende a cronificarse en España.

Ante esta realidad, que según las previsiones de los climatólogos que siguen la evolución del cambio climático no hará sino agravarse en los próximos meses, urge alejar el debate sobre la gobernanza del agua de todo interés político y centrarlo en la cuestión fundamental: garantizar el acceso de todos a través de la gestión más eficiente.

Por todo ello se hace especialmente recomendable en este momento atender a los mensajes y las propuestas de los expertos en la materia, como los que se recogen en el manifiesto que hace unos meses presentaba la Coordinadora de Trabajo por el Agua: un equipo multidisciplinar que dirige el prestigioso climatólogo Javier Martin Vide, Catedrático de la Universidad de Barcelona y uno de nuestros máximos expertos en cambio climático.

Para este grupo de expertos la gestión del agua es uno de los ámbitos de la gobernanza municipal que exige mayor responsabilidad por parte de todos. Una gestión que, en los actuales tiempos de escasez e incertidumbre climática, se tiene que basar más que nunca en la colaboración y el trabajo en común en base a tres premisas básicas: sentido común, responsabilidad y solidaridad.

Sentido común a la hora de optar por un sistema que garantice el acceso universal de toda la población al agua potable, tal como establece la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce explícitamente el derecho humano al agua potable y de saneamiento. Pero que mantenga a la vez los más altos niveles de eficiencia en el servicio y de responsabilidad medioambiental para preservar el entorno y garantizar un uso sostenible del recurso preservando el entorno. 

Responsabilidad para que el aprovisionamiento sea suficiente y continuo y permita satisfacer las necesidades básicas de agua entre la población: beber, mantener una correcta higiene personal, limpiar la ropa, preparar y cocinar los alimentos o hacer la limpieza del hogar, entre otras. Unas tareas que, de acuerdo con lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), requieren el uso de 50 a 100 litros de agua por persona y día. Un servicio que tiene que ser constante, seguro, eficaz y al alcance de todos.

Y solidaridad para abastecer a la población de un agua saludable y sometida a los más estrictos controles de seguridad: un suministro libre de los microorganismos, substancias químicas y peligros radiológicos que puedan suponer una amenaza directa a la salud humana.  Y para que su acceso sea asequible para todos, según lo que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el coste del agua no tiene que superar el 3% de los ingresos del hogar.

Por todo esto, la prioridad en la gestión del agua debe ser garantizar el acceso de todos los ciudadanos al servicio, incluso de aquellos que no puedan pagarlo. Un objetivo cuyo cumplimiento exige ​​mantener y reforzar la actual red de equipamientos de captación, potabilización, transporte, almacenaje, distribución, alcantarillado, depuración, reutilización y restitución al medio ambiente que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años.

En este nuevo tiempo de propuestas políticas ante las elecciones del 10 de noviembre, sería deseable dejar de lado las ideologías y llegar a un gran acuerdo que garantice el acceso al agua mediante una gestión eficiente y medioambientalmente responsable, que preserve el derecho universal al agua de todos los ciudadanos, así como la necesidad de preservar los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad que acogen reduciendo al máximo el impacto ambiental durante todo el ciclo de gestión.