Ha sido el dedazo del sanedrín de los grandes industriales el que ha impuesto un veto  elegante y sutil pero efectivo.

La nueva cámara de los más grandes ha hecho notar al presidente de la CEOE, Joan Rosell que ha negociado con buena voluntad y espíritu conciliador, quien manda efectivamente en la patronal.

Cuando faltaba un cuarto de hora para el acuerdo, según el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández-Toxo, llegó la plataforma de las grandes compañías, el “Consejo Empresarial de la Competitividad” y mandó parar.

La “orden” se produjo antes de las elecciones. Rosell había recibido un toque de atención tras una reunión del G-17, la cámara plutocrática, en la que hubo coincidencia en radicalizar las exigencias a los sindicatos. Si estos no tragaban Rosell no debía firmar.

Integran el “Alto Consejo” las 17 mayores empresas: Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola y el Instituto de la Empresa Familiar.

Es este un lobby poderosísimo cuyo poder seguirá  creciendo en menoscabo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), una nueva plataforma que surgió tras las convocatorias en Moncloa realizadas por Zapatero.

Su primer ejecutivo es Fernando Casado un profesional muy capaz que dirigió durante muchos años el Instituto de la Empresa Familiar y que dejó la dirección de Catalunya Caixa por no alcanzar el sueldo que en principio se había pactado.

Es evidente que Joan Rosell, presidente de la patronal tendrá que ponerse con frecuencia al teléfono cuando Fernando Casado le llame para expresar el sentir de los verdaderos jefes del empresariado, del gran poder fáctico del país.

Es posible que los grandes empresarios estén a la espera del nuevo advenimiento político pero asumen un alto riesgo con su postura intransigente.

Los interlocutores sociales no han roto formalmente las negociaciones y seguirán hablando los próximos días. Si no llegan a un acuerdo el Gobierno legislará y probablemente lo  haga sobre el acuerdo de principio al que habían llegado un cuarto de hora antes de la ruptura.

Si el Gobierno consigue la aprobación parlamentaria al decreto ley correspondiente, difícilmente Rajoy, si llega a la Moncloa dará marcha atrás en la reforma, generando nada más llegar al palacio el furor sindical.

El cambio en el sistema de negociación colectiva es la madre de  todas las reformas y en ello habían trabajando con ahínco Méndez, Toxo y Rosell.

Si finalmente los interlocutores sociales llegan a un acuerdo, este podrá calificarse, sin hipérbole,  de histórico, incluso de revolucionario.

Se trata nada menos que dejar sin efecto una parte del Estatuto de los Trabajadores que es como una constitución social dando nuevos pasos hacia la “desregulación” laboral.

Se pondrá en cuestión el concepto hasta ahora sagrado de los derecho adquiridos; la renovación automática de los convenios; el “descuelgue” de los mismos; la indiciación de los salarios con el IPC a favor de las ganancias de productividad etc.

Son asuntos de mucha enjundia por su contenido pero también en lo que respecta al poder de los aparatos sindicales y empresariales lo que no es un tema baladí para sus dirigentes.

José García Abad es periodista y analista político