Una sentencia popular dice, “quien nada debe, nada teme”. Por tanto, una persona respetuosa con la ley, cumplidora con el deber y las normas, no tiene razón para preocuparse por aquellas instancias que la puedan vigilar, investigar o juzgar. El antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, debería repasar este sabio consejo.

El político popular tiene pendiente aún acudir ante los magistrados de la Audiencia Nacional por los contratos de la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, empresa del muy condenado en la Gürtel, Francisco Correa. El juez de instrucción calificó esa trama como “un holding dedicado a la organización de eventos entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el PP”.

En 2018 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ordenaba la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market para saber quién las ordenaba.  Francisco Correa, Ricardo Costa -dirigente del PP de Valencia- y Álvaro Pérez, el  bigotes, habían confesado su responsabilidad apuntando hacia el expresidente.

Un año más tarde, la sección cuarta de la Audiencia Nacional rechazaba el recurso de Camps contra su auto de procesamiento. Ahora, se perfila en el horizonte judicial la vista oral por esa causa y empiezan a aflorar los nervios. 

Hasta este momento, Camps que desearía ser candidato a la Alcaldía valenciana por el PP, ha salido indemne en sus diferentes batallas ante los tribunales. El primer asunto fue el caso de los trajes, en el que resultó absuelto por un jurado popular en 2012. En total, Francisco Camps ha sido imputado hasta en diez causas distintas, pero ocho de ellas han sido archivadas. Queda pendiente el caso de Orange Market.  

Cuál será su grado de nerviosismo cuando Camps ha presentado una recusación contra uno de los tres jueces a los que corresponde formar parte de la sala de la Audiencia Nacional que le juzgará. Es José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que dictó la sentencia en que resultó condenado el PP y que luego ratificó punto por punto el Supremo.

En su escrito de recusación contra de Prada, aduce Camps “notoria e intensa afinidad política del Excmo. Magistrado recusado” Recuerda que fue propuesto por el PSOE en 2018 para el Consejo General del Poder Judicial, omitiendo que en tal propuesta también participó el PP.  Otros procesados han seguido sus pasos con una recusación que parecería calcada sobre la base de un formulario común.

¿Tanto miedo produce este magistrado? Quizás ante el posible temor a deber algo a alguien o a algunos, Camps y otros más preferirían tener jueces a la carta. De ese modo, imaginan, desaparecerían los problemas.