Desplazando las culpas de una Administración a otra no se resuelve la gran tragedia nacional que el pasado mes ha mostrado signos alarmantes.

El Gobierno ha pasado un tercio de la responsabilidad de los 96.000 nuevos desempleados a las voraces tijeras autonómicas, mientras los dirigentes regionales disparan por elevación a la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero.

La cifra es inquietante, y quizá aún más alarmante, que casi 65.000 personas se dieran o fueran dadas de baja de la Seguridad Social.

Mari Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo, ha atribuido “parte”  del incremento del paro a los bruscos ajustes de las Comunidades Autónomas que se han cebado en profesionales de la sanidad y educación; en residencias de mayores; dependientes;  y otras atenciones sociales.

Algunos dirigentes regionales, y de forma más agresiva los de Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha, han reaccionado con furor remitiéndose a la “nefasta” política económica del Gobierno.

Que cada palo aguante su vela pero, como dice otro proverbio, de nada sirve llorar por la leche derramada. Es evidente que el Gobierno no podrá cumplir con su previsión de crear este año 100.000 empleos. También lo es que la política de algunas comunidades autónomas está agravando el problema. Pero lo que el ciudadano reclama no son acusaciones mutuas sino propuestas eficaces.

En primer lugar de Mariano Rajoy que se ve entrando en el palacio de La Moncloa pero también del candidato socialista.

Tanto el candidato popular como el del PSOE han adelantado algunas orientaciones pero se echa en falta una formulación más completa de sus respectivas políticas económicas. Y desde luego lo que se reclama con angustia es un pacto nacional sobre el empleo, sea quien fuere el que ganara las elecciones.

Parece lamentable que el presidente del Partido Popular rehúya un debate con el del PSOE que debería tener como principal objetivo exponer sus respectivas recetas contra el paro, un punto esencial para que el ciudadano decida con  información su voto.

Es necesario también que el debate se extienda y profundice en  sindicatos, patronales, universidades y demás centros de inteligencia.

José García Abad es periodista y analista político