Cuatro ONG ambientales y dedicadas a la conservación marina (Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF) han denunciado que en la Unión Europea siguen entrando productos de mar capturados ilegalmente, debido a que no se comprueban los documentos de importación pese a la puesta en marcha de una regulación en los Veintiocho para acabar con la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, el llamado Reglamento INDNR, porque los Estados miembro no tienen acceso a una base de datos global de importaciones de productos del mar.
Ni se aplica ni se conoce el reglamento
El grupo de cuatro ONG ha realizado una investigación, y ha detectado "debilidades inherentes al régimen de certificación de las capturas de la UE siete años después de su introducción". Además, ha observado un envío sospechoso de pescado ilegal que pudo entrar en un Estado miembro porque sus autoridades desconocían que había sido rechazado por otro Estado miembro, por uso incorrecto de la certificación. Según otra de las conclusiones, con el régimen actual un mismo certificado puede copiarse varias veces para permitir "múltiples" importaciones en varios lugares de la UE, con un peso total que exceda el peso máximo certificado por el documento.
A la vista de lo expuesto, las ONG reclaman, por un lado, establecer una base de datos certificados de capturas para toda la Unión Europea, y la Comisión Europea se comprometió a inaugurar tal sistema pero no ha cumplido con el año que se había propuesto, en 2016. Por otro lado, instan a conseguir una armonización comunitaria basada en el riesgo de los controles de importación en todos los Estados miembros.
