Pocos días después de que Holanda se convirtiera en el primer país sin perros abandonados y que el metro de la capital de España abriera sus instalaciones a estos animales, la Comunidad de Madrid ha dado otro paso para garantizar el respeto a los animales domésticos en la región.

Por unanimidad

El pasado jueves, el pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la Ley de Protección de Animales de Compañía, conocida como ley de “sacrificio cero”. Esta norma también establece un periodo de dos años para la adaptación de las tiendas de mascotas a la prohibición de tener los animales en los establecimientos. El Proyecto de Ley fue promovido por el Ejecutivo autonómico y el resto de fuerzas políticas de la Asamblea se unieron aportando sus propias propuestas y reconoce, según sus impulsores, “el rol social” de los animales de compañía que así “reciben la protección que merecen”.

Menos abandono

Durante el debate de aprobación se expuso la reducción en un 14,8% del abandono de animales, aunque los miembros del Ejecutivo autonómico admitieron que “queda mucho por hacer”. Afirmaron que este es el sentido la ley, que prohíbe matar animales por el hecho de estar en un centro de acogida, de manera que se evita la doble condena al animal que primero es abandonado y luego sacrificado. Además, la ley aboga por la estelirización para evitar la superpoblación. También se prohíbe la exhibición de animales por ocio o diversión y usarlos en la actividad ambulante como reclamo, no podrán regalarse como recompensa o premio ni usarlos en sesiones de fotos con fines publicitarios sin autorización. Se incrementan las sanciones por maltrato, que van desde los 300 a los 45.000 euros.

Dos años para las tiendas

En cuanto a las tiendas de animales, la nueva ley establece que la venta de animales de compañía tendrá que realizarse mediante catálogos o medios similares, siempre que no requieran la presencia física del animal. No obstante, la consejería competente podrá autorizar la presencia de animales en aquellos establecimientos que cumplan las normas de espacio y salubridad en sus instalaciones. Estas tiendas disponen de una moratoria de dos años para adaptar su actividad a la nueva ley regional.