Este martes el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, diecinueve días después de que se conociera el fallo. Lo condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador en la causa que investiga la filtración del correo electrónico en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales.

Cuando pasan casi tres semanas de que el Supremo comunicara el fallo sin presentar por escrito la sentencia, este martes se han conocido las razones por las que el Alto Tribunal ha acordado la condena a García Ortiz. Para ello, se basa tanto en la filtración del correo como en la nota de prensa que la Sala no consideró delictiva cuando se abrió el proceso penal en el Supremo. Una sentencia que no ha contado con el respaldo unánime de la Sala ya que dos magistradas han emitido voto particular defendiendo que “no ha quedado acreditado que -García Ortiz- sea el autor de la filtración” con “intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación”.

Poco después de conocerse la sentencia, parte del foco se ha puesto en la forma en la que está redactada esta sentencia y la posibilidad de que algunos de sus fragmentos estén redactados por Inteligencia Artificial. “Me tiene gritando, que el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de nuestro país, haya usado la IA para imponer la pena al Fiscal General del Estado. Adjunto algunos fragmentos, donde por la simbología, se nota que es IA. Además del análisis de IA”, ha señalado en X Jorge Ibáñez, secretario general de la Juventudes Socialistas de Granada.

Diecinueve días después, el Supremo publica la sentencia

Han pasado 19 días desde que el Tribunal Supremo anunciara la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, 26 desde que acabó el juicio hasta que ha llegado la sentencia con la motivación de los magistrados. 19 días sin saber porqué se le había condenado por un delito de revelación de secretos recogido en el artículo 417.7 del Código Penal. Pues bien, la sentencia considera culpable a García Ortiz por la nota de prensa. La misma nota que la Sala no consideró delictiva cuando se abrió el proceso penal en el Supremo.

Consideran probado los magistrados que "fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo". Respecto a la nota informativa, que recogía la propuesta de conformidad del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador con reconocimiento de dos delitos, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma". El tribunal recuerda que el fiscal general del Estado "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".

Pese a la declaración del periodista de la Cadena Ser que afirmó en sede judicial que la fuente que le filtró el correo del novio de la presidenta no había sido ni el fiscal general, ni nadie de su entorno, dicen los magistrados que existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” que lleva necesariamente a afirmar que, como hecho probado, fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien lo entregó para su publicación en la cadena Ser. Y en cuanto a la autoría de la nota informativa, el propio García Ortiz ha reconocido su intervención, lo que ha sido refrendado por la directora de Comunicación de la Fiscalía, indica la sentencia.

Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa, que constituyen, a juicio de la Sala, una unidad de acción. “La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la “oficializa”.

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