Las informaciones sobre la línea de puntos que une al Tribunal Supremo con el Colegio de Abogados de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvieron presentes en la entrega de este lunes en Mañaneros 360. 

El espacio presentado por Javier Ruiz y Adela González trató este tema después de que se hayan cumplido 11 días desde que se conociese el fallo del proceso judicial contra Álvaro García Ortiz y no se haya publicado la sentancia con los hechos probados y su argumentación para realizar el mencionado fallo, contando con la intervención de Baltasar Garzón, que fue muy claro al preguntado también por la subvención de 43 millones de euros y el centro de formación que el Gobierno de Ayuso aprobó al ICAM, que ejerció de acusación popular en este proceso: "Lo que ocurre en todo caso es que incide directamente de forma grosera en una sentencia que va a salir deslegitimada". 

"Es difícilmente comprensible que el argumento que se dio para comunicar el fallo de esa sentencia fuera evitar filtraciones, y estamos haciendo valoraciones de forma sistemática por la inercia de los acontencimientos sobre ese fallo. Además, vamos conociendo datos que sospechosamente, y tal ni siquiera sospechosamente, evidencian que aquí se estaba, presuntamente, cociendo algo diferente. Utilizando instituciones como el ICAM para una acusación popular y, después, vemos unas subvenciones, que yo no digo que sean ilegales. Lo que digo que son sospechosas", comentó Garzón, añadiendo: "Una concatenación en la que parte de los miembros del Tribunal actúan de forma, aparentemente, parcial. Es decir, la imparcialidad no solo se tiene que tener, sino que aparentar que se tiene".

"Es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional español, del propio Tribunal Supremo. Desde luego, en este caso de esta trascendencia, no se esta cumpliendo en absoluto, y eso genera una desafección y una desconfianza en la ciudadanía que es difícil resteñable. Y, además, una revictimización constante de la persona afectada, que es el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que genera una posibilidad, evidente desde mi punto de vista, de nulidad de procedimiento", aseguró, añadiendo: "Parte de ese tribunal formaron parte de la sala de admisiones y tenían un prejucio claramente establecido. Para saber si ese prejuicio es real, vamos a esperar, no sé cuando, a la sentancia". 

 

Una vez que Garzón finalizó su intervención, el asunto pasó a la mesa del plató de Mañaneros 360, siendo comentando por una Sarah Santaolalla, que fue muy tajante al respecto: "Para ser justos con la realidad, no solo es importante hablar de la subvención de 43 millones de euros, sino que hay que recordar que una de las instituciones que ha sido acusación en la instrucción ha pagado un curso a magistrados que juzgaban al Fiscal General del Estado, y que tenemos a uno de ellos riéndose de cómo iba a redactar la sentancia".

"Eso lo hemos tenido en el juicio al Fiscal General del Estado. Y 11 días después, no tenemos nada. Perdona, van con la toga fuera y no les importa. Son impunen, parecen impunes y siempre serán impunes, y no se esconden. Ni en formas ni en fondo", concluyó Sarah Santaolalla, añadiendo que no se trata de legalidad, sino de "justicia y moralidad": "¿Cómo vas a dar un curso?"

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