Esperanza Aguirre ataca la gestión forestal en Telemadrid con bulos y acaba admitiendo que no conoce la ley: "No tengo ni idea..."

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha intervenido mediante videollamada en Telemadrid para ofrecer su particular análisis sobre la gestión de las emergencias en España. Sin embargo, lo que pretendía ser una crítica frontal a las políticas actuales se transformó rápidamente en un desfile de los bulos más extendidos por la extrema derecha, culminando en un momento de ignorancia legislativa en riguroso directo.

Aguirre arrancó su intervención exigiendo un cambio de normativa para atajar los fuegos, esgrimiendo premisas falsas que han sido desmontadas por expertos y técnicos forestales en innumerables ocasiones. "Lo que hay que hacer es cambiar la normativa que nos impide limpiar y deforestar", afirmó la exdirigente popular, quejándose amargamente de restricciones cotidianas que, a su juicio, provocan las catástrofes: "No puede ser que no podamos recoger las piñas y se conviertan en bombas. Yo he usado muchísimas piñas para encender chimeneas, pues eso es lo que pasa en los incendios".

Lejos de detenerse en la gestión forestal, Aguirre amplió su argumentario al agua, enlazando la crisis de los incendios con la trágica DANA de Valencia. Para ello, recurrió a otro de los grandes bulos recurrentes de las redes sociales: la supuesta demolición de infraestructuras hídricas por parte del Gobierno. "No se pueden limpiar los cauces de los ríos, el cañizo puede estar interrumpiéndolo porque los peces no pueden encontrar nada en su camino... No se pueden hacer presas, hay que destruir las presas que hay", aseveró, conectando estas falsas prohibiciones con los "228 muertos" de la riada valenciana y lamentando que tampoco se deje "recoger la leña seca".

Sin embargo, el castillo de naipes de su argumentario se derrumbó de forma estrepitosa cuando el programa dio paso a las preguntas de la mesa. Una de las periodistas decidió confrontar las quejas de Aguirre apelando a los datos, recordándole que la normativa que regula todo aquello que ella criticaba no es otra que la Ley de Montes, aprobada a nivel estatal en el año 2003, justo en el momento en el que ella acababa de asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Es que la Ley de Montes que todavía está en vigor, la del año 2003, usted acababa de ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Convivió en sus orígenes con aquella ley. ¿Entonces era al menos una ley apropiada, una ley efectiva?", le planteó la colaboradora, buscando una valoración política sobre una normativa clave del Partido Popular.

La respuesta de Esperanza Aguirre dejó al plató sumido en la perplejidad y desmontó en apenas unos segundos su autoridad para hablar sobre gestión forestal. Totalmente descolocada y balbuceando, la exdirigente reconoció su absoluta ignorancia sobre la legislación que acababa de criticar instantes antes: "No tengo ni idea de la ley que me hablas, ni sé qué año es, ni... No lo sé, no sé de lo que me preguntas. No tengo ni idea".

Frente a la desinformación difundida por la expresidenta, la realidad legislativa es diametralmente opuesta a sus afirmaciones. La Ley de Montes estatal en ningún caso prohíbe "limpiar" las superficies forestales. De hecho, la normativa hace justo lo contrario: obliga a los propietarios de los terrenos forestales a realizar determinadas tareas para prevenir incendios.

Estas labores de saneamiento y la forma exacta de ejecutarlas no quedan al azar, sino que están estrictamente incluidas y reguladas en los planes anuales de prevención de incendios que elabora cada comunidad autónoma, que son las administraciones que ostentan las competencias. Si bien es cierto que para llevar a cabo determinadas tareas (como desbroces o aprovechamiento de madera y leña) o para actuar en épocas de alto riesgo los propietarios necesitan presentar una declaración responsable o solicitar una autorización administrativa a su respectiva comunidad, la ley persigue la gestión controlada del monte, desmintiendo categóricamente el bulo de que el Estado obligue a abandonar y "no tocar" los entornos naturales.