España se ha convertido en el primer miembro del Big Five en marcar una línea roja en Eurovisión 2026: no competirá en Viena si Israel sigue admitido en el festival. La decisión, adoptada por el Consejo de Administración de RTVE tras semanas de debate político y social, abre un escenario inédito en la historia reciente del certamen.
La medida llega después de que el presidente de RTVE, José Pablo López, trasladara al órgano de gobierno de la Corporación la propuesta de retirarse del concurso en caso de que Israel mantenga su candidatura. En la votación celebrada en Torrespaña, diez consejeros dieron su apoyo, cuatro se mostraron en contra y hubo una abstención. El acuerdo refuerza la posición de la radiotelevisión pública, que ya en la última edición había remitido una carta a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) solicitando la “apertura de un debate” sobre la presencia israelí en el evento.
La decisión de RTVE se enmarca en un contexto internacional cada vez más tenso. Países como Irlanda, Islandia, Países Bajos o Eslovenia ya habían anunciado públicamente que no participarían en Eurovisión si Israel competía en Viena. Con la incorporación de España a este bloque, el pulso con la UER se intensifica y la presión sobre la organización crece, al tratarse de uno de los países que integran el grupo de los cinco grandes financiadores del certamen.
En España, el debate sobre la conveniencia de la retirada ha ido ganando fuerza a raíz de las protestas propalestinas que interrumpieron el final de la Vuelta ciclista en Madrid y de las críticas de organizaciones de derechos humanos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió que la cultura no puede utilizarse para “blanquear situaciones de guerra” y subrayó que “no existen condiciones” para una participación normalizada de Israel mientras persista la ofensiva en Gaza.
Los defensores de la medida sostienen que la retirada es un gesto de coherencia ética y política. Argumentan que España no puede compartir escenario con un país acusado por organismos internacionales y ONGs de violaciones graves de derechos humanos. También recuerdan precedentes: tras la invasión de Ucrania en 2022, Rusia fue excluida de Eurovisión, lo que demostró que la UER puede actuar cuando existen razones de peso relacionadas con la paz y la seguridad.
Sin embargo, las voces críticas señalan los costes que esta decisión puede tener. Algunos eurofans lamentan que España se prive de la visibilidad y la relevancia internacional que ofrece Eurovisión, un escaparate cultural que cada año congrega a cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Otros apuntan que son los artistas emergentes quienes más pierden, pues ven en el festival una oportunidad única para mostrar su trabajo fuera de nuestras fronteras. También se advierte del riesgo de que la cultura quede instrumentalizada por la política, erosionando el espíritu original de un evento creado precisamente para tender puentes entre pueblos tras la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, la Unión Europea de Radiodifusión se enfrenta a un dilema difícil: atender las peticiones de varios países que reclaman la exclusión de Israel o mantener el carácter inclusivo del certamen, asumiendo las consecuencias de una eventual fuga de participantes. Por ahora, el organismo guarda silencio mientras sopesa los escenarios que podrían abrirse en Viena el próximo mayo.
La decisión de RTVE, inédita en la historia de la participación española en Eurovisión, refleja hasta qué punto el festival trasciende lo meramente musical para convertirse en un espejo de los debates políticos y sociales europeos. A partir de ahora, la pregunta está en el aire: ¿cómo percibe la ciudadanía este gesto? ¿Es una muestra de coherencia y dignidad o una renuncia que puede costar caro a nuestra cultura?
