Hace justo ahora mismo un año, se encendían todas las alarmas al detectarse una vulnerabilidad o fallo de seguridad en el sistema encargado de la gestión de los expedientes judiciales, LexNET, así como en Orfila, plataforma que conecta las distintas instancias y órganos de la administración de justicia y los distintos Institutos de Medicina Legal de España.
El por entonces ministro de Justicia, del que dependen los citados organismos, Rafael Catalá, tras la incertidumbre inicial con falta de respuestas, anunció raudo y veloz que se había identificado al supuesto cibercriminal presunto autor del ataque.
En aquel momento, a pesar de este anuncio a bombo y platillo por parte de Catalá, expertos en materia de seguridad informática hablaban en distintos foros de “cabeza de turco”, para referirse al hacker al que desde el Ministerio se atribuyó la responsabilidad de las intromisiones.
Y un año después...
Para muchos de esos especialistas la clave de la vulneración de LexNET y Orfila no se encontraba tanto en una persona física, sino en la frágil seguridad de las plataformas.
Lo más llamativo del asunto, del que no se ha vuelto a hablar -por lo menos en medios generalistas-, es que no se puesto remedio a esos problemas... hasta ahora.
La actual titular ministerial de esta cartera, Dolores Delgado, ante los inconvenientes detectados en la implantación y puesta en marcha del proyecto de justicia digital, ha fijado la necesidad de proceder a su revisión. El objetivo es mejorar su seguridad para evitar episodios peligrosos y sonrojantes como los de hace un año.
En este contexto se enmarca el convenio que acaba de rubricar el Ministerio de Justicia con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para, según explican desde este departamento, elevar los estándares de seguridad de sistemas, servicios y redes de esta administración.
"Cortina de humo"
En virtud del acuerdo, se creará una oficina, un plan director y un centro de operaciones de ciberseguridad, todo ello con el respaldo del Centro Criptológico Nacional. Mediante estos iniciativas se pretender mejorar la capacidad de reacción y respuesta en caso de producirse un ciberataque contra el Ministerio de Justicia.
Sin duda es un primer paso importante para un área tan destacada dentro del funcionamiento de la administración del Estado.
Ahora solo hay que esperar a que no se quede en agua de borrajas y sea preciso recurrir a una “cortina de humo”. Así calificaron desde diferentes ámbitos la forma de proceder de Catalá y su equipo en relación con el hacker protagonista del caso LexNET, todo un escándalo al dejar acceso libre a cerca de 11.000 documentos judiciales debido al fallo informático... o de seguridad.
