“En todo el mundo, algunos países están creando soluciones innovadoras para reforzar sus finanzas públicas, mejorar la responsabilidad y la transparencia del sector público e incluso generar capital para la conservación”, señala el Fondo Monetario Internacional [FMI]. La institución analiza tres casos de éxito, que pueden servir de ejemplo para muchas otras naciones: Belice, Colombia y Ghana. 

El primero de ellos, un pequeño país situado entre México y Guatemala, en la península de Yucatán, con una población que en 2020 no llegaba a 400.000 habitantes, cuenta con el arrecife de coral más largo del hemisferio occidental [casi 275 kilómetros], que da cobijo a más de 1.400 especies, algunas de ellas en peligro, como la tortuga carey o el manatí, además de varios tiburones también amenazados, lo que la obliga a dedicar fondos a su conservación. 

Belice recibió un préstamo de 553 millones de dólares, a cambio de cuidar el arrecife de coral

Dinero por conservación

El 5 de noviembre, Belice firmó un acuerdo con la organización medioambiental The Nature Conservancy [TNC], que redujo la deuda externa del país hasta el 10 por ciento de su producto interior bruto [PBI], “además de mejorar las perspectivas de protección marina”, según el FMI. 

En virtud del acuerdo, TNC realizó un préstamo de 553 millones de dólares en un “superbono”, por el total de la deuda externa del país, que suponía un 30 por ciento del PBI. A cambio, Belice deberá gastar 4 millones de dólares al año en conservación marina hasta 2041, lo que supone duplicar la partida presupuestaria para este concepto. 

Ahora, el FMI espera que este tipo de intercambios “dinero por naturaleza” se extiendan a otros países. 

La herramienta Joining the Dots ha detectado más de 20.000 posibles casos de corrupción

Transparencia colombiana

El caso de Colombia es muy diferente. Allí diferentes operaciones [“Papeles de Pandora” y “Papeles de Panamá”] han puesto al descubierto dónde se esconden las bolsas de riqueza no declarada. Desde entonces, el cobro de impuestos se ha duplicado. 

Sin embargo, este tipo de revelaciones se han producido por filtraciones. Según el FMI, esta información “debería estar disponible para cualquier persona. Más de 160 países tienen sistemas de divulgación que obligan a los cargos públicos a declarar sus ingresos, activos e intereses”. 

En Colombia, en diciembre de 2019 se aprobó una ley que obligaba a los cargos públicos a declarar su situación financiera. Recientemente, la norma se ha modificado para crear un registro de propiedad, pero solo pueden acceder a él las agencias del gobierno. 

Sin embargo, con fondos del FMI, Directorio Legislativo y la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, se ha creado una herramienta denominada Joining the Dots [Uniendo los puntos], que identifica y hace públicos conflictos de interés potenciales de cargos públicos. 

Para conseguirlo, utiliza tecnologías de código abierto para combinar las declaraciones de esas personas con otros datos de propiedad para “generar banderas rojas” de corrupción. En total, se han señalado 20.969 posibles situaciones, que afectan a 19.814 personas, más del 20 por ciento de las cuales son cargos altos o medios. “Es decir, dos de cada diez políticos prominentes de Colombia mostraron inconsistencias en sus declaraciones”, según el FMI. 

Ahora, el equipo está intentando implementar un proyecto similar en Nigeria. 

La digitalización en Ghana está generando capacidad para recaudar impuestos

El reto de Ghana

“¿Cómo cobras los impuestos a una persona de la que no tienes ningún registro? ¿O a una propiedad que nunca has sabido que existe?”, relatan desde el FMI en referencia a Ghana, un país en el que el gobierno está usando la digitalización para “dar respuesta a estos retos y hacer crecer sus ingresos y economía”.

El gobierno busca, en primer lugar, “consolidar una base de datos de contribuyentes, establecer un sistema de direcciones postales digital y controlar un sistema monetario móvil floreciente”. El objetivo final es “incrementar los ingresos por impuestos y la transparencia, además de asegurar el cumplimiento”. 

Con una población de unos 31 millones de habitantes, ya se han registrado los datos de 15,5 millones. La meta es cubrir a la mayor parte de la población adulta antes del fin de este mismo año. 

El nuevo carné de identidad -que cuenta con un número de identificación y biometría [a través de la huella dactilar]- se convertirá en la llave de acceso a todo, desde la realización de las declaraciones de impuestos, hasta abrir una cuenta bancaria, pasando por registrar una tarjeta SIM, obtener el permiso de conducir o renovar el pasaporte. 

A este proyecto se suma la identificación de propiedades a través de la base de datos digital de direcciones postales. Este sistema se basa en GPS para identificar inmuebles. Hasta el momento, se han incluido 7,5 millones de ellas, con sus consiguientes impuestos.