El Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino y el Coordinador de la plataforma Turespuestasindical.es, Rubén Ranz, han presentado un informe sobre los modelos de explotación laboral de las plataformas digitales de reparto, a través de la realización de un estudio de campo en el que se concluye que empresas como “Deliveroo, Glovo y Uber Eats utilizan conscientemente la vulnerabilidad de las personas en situación administrativa irregular para aumentar la competencia entre sus repartidores y acaparar cada vez más mercado. Eso sí a costa de precarizar progresivamente las condiciones de trabajo”.  

El colectivo que destaca sobre los demás son los solicitantes de protección internacional venezolanos, a los que se han sumado los de nacionalidad colombiana. Pino ha denunciado esta “situación de esclavismo que sufren estos trabajadores migrantes, una situación canallesca, que no se debería permitir en un país como el nuestro. Los trabajadores se ven atrapados en una telaraña y el Gobierno lo sabe, tiene conocimiento de esa realidad, por tanto, debe de actuar a través de la Inspección de Trabajo y haciendo cumplir la ley”.

En este sentido, ha dicho que “no valen regulaciones a la carta, tal y como pretenden las plataformas digitales de reparto, el Gobierno debe hacer cumplir la legislación para que no triunfen esas formas de trabajo”. 

Ha reclamado la necesidad de abordar un nuevo contrato social, cada día más necesario, para dar respuesta a los cambios que se suceden en el ámbito laboral. Se trata de hacer respetar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, que se ha ido dinamitando como resultado de las políticas económicas neoliberales.  

Por eso, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que reflexione si quiere que sus hijos, o nietos, tengan en el futuro una vida como esta de “semiesclavitud”, y ha dicho que  “tu comodidad es la riqueza de unos pocos y la esclavitud de muchos”. 

Un trabajo que nace de la acción sindical

Por su parte, Rubén Ranz ha explicado que este “trabajo nace de nuestra experiencia sindical, de nuestro día a día con los repartidores y repartidoras compartiendo sus experiencias. Por eso, utilizamos un lenguaje duro, irónico y reflejamos que estamos muy dolidos. Dolidos porque estamos hablando de explotación, no solo de un fraude laboral. Y lo más duro de todo es que esto se hace a la vista de todos y que se genera una sensación de impunidad; porque ante el vacío y el retraso para decidir cómo es este modelo de trabajo, las plataformas siguen avanzando en su forma de explotación”.

Ranz ha explicado cómo actúan estas plataformas de reparto, que precarizan lo precario. En este sentido, ha detallado el sistema de flotas que utiliza Uber Eats, para tratar de competir con Glovo y Delivero. Crea flotas con trabajadores en situación administrativa irregular, que funcionan bien con alquiler de cuentas (flota por suplantación de identidad) o creando una flota con cuenta propia, en la que un repartidor de los más antiguos, se da de alta como autónomo y crea una empresa.

El titular de la cuenta recibe el dinero que facturan los repartidores de su flota y semanalmente paga a cada repartidor según la facturación y después de descontar un porcentaje que oscila entre el 30 y el 40%. Eso sí el alta en la aplicación y designar la flota se realiza a través de Uber Eats.

Ranz ha explicado que este fraude se ha normalizado y ya no se esconde y que todo el mundo quiere hacer negocio. Asimismo, ha manifestado que las plataformas digitales actúan como un looby, tratan de desplazar el diálogo social, creando asociaciones de autónomos, e influir en los Gobiernos para que se hagan modificaciones legales que les favorezcan. 

Propuestas concretas

Pero además de la denuncia, este documento es de propuestas. Para erradicar este grave problema de explotación es necesario:

  • Acabar con la opacidad de las cajas negras, que exista transparencia para conocer los algoritmos que condicionan nuestra forma de trabajo.
  • Revisar el concepto de centro de trabajo, ante la “deslocalización virtual” de las plataformas digitales. Y es que muchas actúan desde otros países. Entendemos que el centro de trabajo es donde está encendida la aplicación y, por tanto, se debe aplicar el convenio provincial donde esté ubicada la persona que reparte.
  • Reconocer la relación laboral de los repartidores, porque lo establecen numerosas sentencias y porque acabaría con el abuso laboral y la mercantilización del trabajo. 
  • Aplicar la Directiva Europea para introducir aquellos elementos que nos indica la Unión Europea que mejoría ciertas condiciones de trabajo.
  • Es obligatorio una revisión del Código Penal y nuestra normativa de extranjería para incorporar al primero, entre otros, los delitos de trabajo forzoso y servidumbre, garantizando a las víctimas de los delitos contra los derechos de los trabajadores, una mayor protección.  
  • Es fundamental una mayor implicación de la Fiscalía.  
  • Avanzar en la negociación colectiva como herramienta para la adecuación de la actividad de las plataformas digitales dentro de los ámbitos funcionales de los convenios sectoriales.