UGT insta a los grupos parlamentarios a que recojan las propuestas sindicales para mejorar, a través de enmiendas, la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Congreso de los Diputados aprobó en el momento de la convalidación del Real Decreto Ley 3/2021 su tramitación como Proyecto de Ley, que incluía también el complemento para la reducción de la brecha de género o el reconocimiento Covid como enfermedad profesional del personal sanitario.
Los sindicatos han iniciado este viernes una ronda de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para que recojan, a través de enmiendas, sus propuestas para enriquecer y mejorar este Real Decreto Ley. Por su parte, UGT destaca que, aunque no renuncia a una futura revisión del IMV con un carácter más estructural, es prioritario ahora impulsar una serie de reformas para mejorar el alcance de la prestación y su mejor integración en el sistema de protección social preexistente.
Así, el sindicato propone rebajar la edad de acceso al IMV a los 18 años o considerar la situación de vulnerabilidad en el momento de la solicitud, en base a los ingresos declarados y que posteriormente se regularice la prestación en base a los ingresos realmente percibidos. "Se trata de ajustar esta prestación, de manera semejante y conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo en otras prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social", explican desde UGT.
Además, el sindicato pide poder acceder de manera automática desde las prestaciones de desempleo al IMV, siempre y cuando las personas hayan agotados todas las prestaciones de desempleo a las que tengan derecho y cumplan los requisitos del IMV, así como garantizar la gestión pública directa respecto de la certificación de la situación de vulnerabilidad que determina el acceso a la prestación.
Las limitaciones del IMV
No obstante, el sindicato advierte que, a pesar de estas reformas prioritarias, el IMV presenta una serie de limitaciones que hace que sea incapaz de responder a situaciones de pobreza severa. Así, denuncia que la renta garantizada por el IMV está 40 euros mensuales por debajo del umbral de pobreza severa, no incluye las deudas en el cálculo del patrimonio y deja fuera a los extranjeros, lo que contraviene la Carta Social Europea.
Por otro lado, asegura que el IMV no calcula bien la renta real de las familias beneficiarias, dado que no se restan los gastos de alquiler, ni los intereses pagados a los bancos como consecuencia de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual, tal y como explica el sindicato.
"Esto supone una importante desigualdad entre las personas que dispone de alojamiento y las que no, porque ambas reciben las mismas cuantías. Una situación que se agrava para las personas que tienen que pagar alquileres y/o créditos para la compra de vivienda. En este caso el IMV se convierte en una transferencia de rentas de la prestación de pobreza severa a los arrendadores y los bancos", denuncia UGT.
Según el sindicato, estas limitaciones a la prestación provocan que alrededor de medio millón de personas quedan excluidas del Ingreso Mínimo Vital, a pesar de que por sus condiciones deberían tener derecho.
