El próximo 30 de septiembre vence el periodo transitorio fijado por el conocido como 'decreto Ábalos', que se traducirá en la imposibilidad de operar para los vehículos VTC en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan legislado en este sentido. En respuesta Cabify lanzó hace unas semanas una campaña en el municipio de nacimiento de la ministra (Gavá, en Barcelona) y donde fue alcaldesa antes de pasar al Gobierno, en el que hacía una referencia personal: "R. Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid", región esta última donde sí se ha regulado en favor de los VTC.

Ante este ataque directo, fuentes del ministerio de Transportes aseguran a ElPlural.com que no van a entrar en el juego de Cabify, ya que, su objetivo siempre ha sido “lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las CCAA y las entidades locales la que regularan los servicios exclusivamente urbanos”.

Aseguran que las administraciones territoriales son las conocedoras de las necesidades concretas de cada territorio y el Real Decreto-ley 13/2018 las habilitó “a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio”.

“Las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo suficiente (4 años) para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios” señalan desde Transportes haciendo hincapié que, si se quiere “solicitar prórrogas o similares no deben ser en el Ministerio”.

Papel facilitador

“El Ministerio ha tenido en cuenta los efectos de las crisis generadas por el Covid-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así, ante el fuerte incremento de los precios de los combustibles como consecuencia del conflicto, se han adoptado medidas como las ayudas de 300 euros a cada vehículo VTC, que se replicaron de nuevo en agosto llegando por tanto a 600 euros por vehículo; y la ayuda de los 20 céntimos en el coste del combustible, del que también es beneficiario el sector del VTC”, señalan.

Desde Transporte concluyen que han tenido en cuenta las situaciones derivadas de la pandemia y han auxiliado al VTC, de igual manera que al resto de sectores. Además, señalan que la competencia es autonómica desde 2018 y los territorios han tenido la posibilidad de diseñar su propia normativa e, incluso, imponer prórrogas. En consecuencia, el Ministerio no acepta que se le haga responsable y, mucho menos, se le destinen campañas difamatorias por una situación que no es de su competencia.