La década decisiva. Así ha denominado la Comisión Europea a los años que nos restan hasta el año 2030, año en el que la Unión Europea ha establecido su objetivo de reducir en un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, la Comisión presentó esta semana el paquete legislativo más ambicioso jamás presentado para hacer frente a los desafíos del cambio climático y convertir el Green Deal en una auténtica estrategia de crecimiento. Las medidas propuestas avanzan en los ámbitos de las energías renovables, el control de emisiones en el ámbito del transporte de mercancías y pasajeros, la eficiencia energética en edificios, la gestión del suelo y el territorio, una nueva estrategia forestal, la ampliación del mecanismo de comercio de permisos de carbono y el establecimiento de nuevos mecanismos para evitar las “fugas de carbón”, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera.
Es este un aspecto particularmente relevante, pues está pensado para evitar que la actividad intensiva en carbono se desplace a países con legislaciones menos exigentes en el control de emisiones. Si alguien quiere vender productos intensivos en carbono en la Unión Europea, tendrá que comprar los permisos de emisión correspondientes, como si los hubiera producido en el territorio europeo. Un paso arriesgado que complementa las intenciones del partido Demócrata de establecer en Estados Unidos un arancel especial a los países más contaminantes, siempre dentro de los principios establecidos en la normativa de la OMC. De esta manera, la Unión Europea pretende fortalecer su papel de liderazgo global en la lucha contra el cambio Fclimático. Esta es, quizá, una de las principales novedades del paquete propuesto, que multiplica la ambición de la Unión Europea y pone en jaque las estrategias de los estados miembros, que deben adaptarse a los contenidos planteados en el paquete, bien a través de los reglamentos, bien a través de la adaptación de las directivas a las legislaciones nacionales.
Este paquete complementa los otros pilares de la actuación climática de la Unión Europea, tal y como la puesta en marcha de la estrategia de finanzas sostenibles, la incorporación de objetivos climáticos a la política monetaria del Banco Central Europeo, o el propio programa Next Generation, que, como es sabido, plantea que un mínimo del 37% de los fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se dirijan a inversiones climáticas.
¿Serán estas medidas suficientes? Como paquete de políticas públicas, se trata sin duda de las medidas más ambiciosas tomadas desde la puesta en marcha de la política climática de la Unión. Una vez señalizado el mercado, corresponde ahora los actores privados sacar las conclusiones adecuadas para garantizar la supervivencia de las empresas en un mercado donde los modelos de negocios intensivos en gases de efecto invernadero tienen los días contados. Cada vez son más las empresas que hacen visible su compromiso con la reducción de emisiones, incluyendo a algunos de los más grandes emisores, como las multinacionales petroleras: Total, Repsol o British Petroleum, entre otras, han especificado ya sus objetivos de descarbonización hasta el año 2050. La mesa de industriales de Europa ha solicitado una mayor ambición en la puesta en marcha de las energías renovables, pues los objetivos y compromisos de electrificación requerirán de una capacidad instalada que a fecha de hoy está todavía lejos de estar totalmente desplegada.
Este proceso no se hará sin resistencias y sin nuevos costes. La transición generará cientos de miles de millones de euros en inversiones inservibles, como centrales térmicas, refinerías e infraestructuras industriales obsoletas. El despliegue de las energías renovables requiere de una nueva planificación en el uso del territorio, y crece la resistencia, muchas veces justificada, al despliegue de nuevas instalaciones en muchos territorios. Las reacciones de los chalecos amarillos en Francia al incremento de los precios de los carburantes, las manifestaciones de transportistas en España ante la subida de los impuestos de diésel, la ridícula reacción de la clase política ante un hecho probado científicamente como es la relación entre el consumo de carne y las emisiones de gases de efecto invernadero, o las descalificaciones del plan de resiliencia español por dedicar dinero a la eficiencia energética, son señales que indican lo lejos que estamos de tomarnos verdaderamente en serio las amenazas que supone el cambio climático. Mientras algunos, por motivos ideológicos (o peor, meramente tácticos), intentan descarrilar la transición climática en España, en Alemania las inundaciones han dejado más de 150 muertos y miles de millones de euros de pérdidas económicas, y la ola de calor en Canadá y Estados Unidos dejó más de 140 muertos.
Pero donde hay un peligro, hay también una oportunidad. De acuerdo con el informe de EY sobre el atractivo nacional para la inversión en renovables, y tras la caída hace una década por las malas decisiones tomadas en la corrección del sistema de primas a las renovables, España ha logrado situarse de nuevo entre las diez economías más atractivas para estas inversiones. La decisión de Volskwagen y de SEAT de situar una fábrica de baterías en España es una magnífica noticia en un país donde la construcción de coches de combustión interna es su principal industria exportadora. Si manejamos bien los tiempos, como ha hecho el Ministerio de Industria en esta ocasión, y somos audaces, podemos convertir esta transición en una oportunidad para nuestro país. Se calcula que la transición ecológica va a movilizar entre 3 y 4 billones de dólares anuales hasta el año 2050. La pregunta clave que debemos contestarnos es cuánto de este dinero va a terminar generando empleo en nuestro país.
