La polémica por la propagación de la Covid-19 se cierne sobre los temporeros, que suman a la asfixia económica que padecen, un reto sanitario.

Según el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, es necesario que los empresarios agrícolas y las organizaciones agrarias busquen de “forma coordinada y con urgencia” una solución para acabar con la situación de degradación en la que viven las trabajadoras y los trabajadores temporeros agrícolas en diversas zonas de la geografía española”. La pandemia ha puesto de manifiesto, según la institución que preside Marugán, “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo, haciendo saltar las costuras del sistema”.

Sin embargo, lo que en un principio pareciera ser un debate sobre los derechos laborales, ha saltado en las últimas semanas al terreno político.

Derechos trasladados a la reyerta política

Este año la propagación de la Covid 19 ha marcado la agenda del sector agrario. De hecho, muchos de los temporeros que tradicionalmente solían acudir a España procedentes de otros países como Marruecos o Serbia, no han podido llegar a su destino. Su lugar, no obstante, lo han ocupado nacionales a los que la crisis económica ha golpeado con toda su crudeza. Ha sido precisamente esta situación la que ha colaborado ha visibilizar unas condiciones laborales y de vida “deplorables”.

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), aseguran a los medios que, es la izquierda política de este país, especialmente la formación morada Unidas Podemos, quien manipula la realidad y que quienes padecen estas penurias son en realidad inmigrantes que acuden a las explotaciones en situación irregular.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo no opina igual y pone el foco en los asentamientos chabolistas de Huelva – donde llega a haber hasta 20.000 mujeres dedicadas a la recogida de la fresa- y Almería; o en los poblados en Lleida, todos ellas zonas de riesgo para la propagación del virus.

Ejemplo de ello, ha sido el brote que ha azotado la provincia de Albacete, concretamente el asentamiento de Las Peña, con 23 positivos, 12 de ellos ya aislados y donde según la ONG Médicos del Mundo, vivían hacinadas y en “condiciones lamentables” cientos de migrantes temporeros. La ONG recuerda que, viene “denunciando desde hace años ante diversos organismos e instituciones las lamentables condiciones de vida de estos ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país. Una situación de la que también se hizo eco, el pasado mes de febrero, el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, Philip Alston.

De hecho, Alston definió entonces las condiciones de habitabilidad de estos trabajadores de la siguiente manera, se trata de “poblados de chabolas en condiciones mucho peores que las de un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, cuyos habitantes -trabajadoras y trabajadores migrantes- han vivido en él durante años sin que su situación haya mejorado un ápice. Barrios incomunicados de pobreza concentrada, donde las familias crían a sus hijas e hijos sin apenas acceso a servicios públicos, centros de salud, agencias de empleo, seguridad, carreteras pavimentadas o electricidad legal”.

Hoy, en medio de la pandemia, Médicos del Mundo solicitan pruebas PCR para la totalidad de las personas que se alojan en este tipo de asentamientos. De momento no se han completado los test ni se ha respondido firmemente a la llamada de auxilio de la ONG.

La mayoría de estos trabajadores, explica Marugán, carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión del Covid 19; de una correcta protección y seguridad básica en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”. Una situación a la que ni la administración pública ni los empresarios dan respuesta.

En total, alrededor de 100.000 personas viven de este sector, y la mayor parte de ellos sobreviven gracias a la economía sumergida, situación que, además, colabora a agravar el problema y la falta de medidas sanitarias.

Ante esta situación, la institución ha decidido comenzar una investigación con el objetivo de poner fin a “situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen”, concluye el Defensor del Pueblo.