Los Técnicos de Hacienda (Gestha) solicitan al Gobierno acercar posturas para alcanzar un acuerdo que permita recuperar ingresos públicos y reforzar el denominado Estado de Bienestar. Las medidas económicas para combatir el Covid-19 aplicadas en España tienen como consecuencia un “agujero” en la recaudación tributaria de 13.874 millones de euros, según las últimas previsiones económicas publicadas por el Ejecutivo, lo que se traduce en un desplome de la economía del 9,2 por ciento y una escalada del déficit público del 10,3 por ciento.

Por esta razón, y en plena campaña de recaudación de la renta, los técnicos instan a tramitar un proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal con el que creen, podrían llegar a recaudarse hasta 828 millones de euros adicionales, que se sumarían a los ya recaudados de forma anual. De hecho, el pasado año España batió el récord de recaudación: 15.700 millones de euros procedentes del fraude fiscal fueron a parar a las arcas públicas. Además, el sindicato que aúna a los técnicos de Hacienda (Gestha) también propone que los pagos en efectivo no superen los 1.000 euros, entre otras medidas.

“Es muy difícil que se reduzca la cifra de endeudamiento mientras no estemos en un escenario de superávit presupuestario”, explica a ElPlural.com José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

De hecho, Mollinedo insiste a este periódico que en que hay un amplio margen para actuar, sobre todo en el terreno de la lucha contra el fraude fiscal “ya que lo que uno no paga lo compensamos entre todos con nuestros impuestos, en mayor o menor medida. También insistimos en la lucha contra la economía sumergida, de dónde podrían conseguirse unos 35.000 millones de euros anuales adicionales si nos situáramos con 10 puntos menos de economía sumergida de la que tenemos. Uno se pregunta, ¿es esto posible? Los países de nuestro entorno la tienen, incluso menos de la mitad que nosotros. Nosotros pedimos llegar a la media europea. Eso aportaría muchos ingresos al pacto de reconstrucción y también a la mitigación de la deuda pública”.

De ahí que Gestha demande más ambición y efectividad a la hora de “de incluir la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones financieras que diseñan o colaboran en los entramados societarios fraudulentos”. En este contexto, los técnicos señalan directamente a los grupos empresariales como los principales responsables de la evasión de impuestos, en concreto el de Sociedades, que se ha reducido en esta última década a menos de la mitad del que soportan las Pymes.

“El impuesto de sociedades está muy mal diseñado si, por ejemplo, una sociedad que tributa 60.000 euros de beneficio tribute más que una sociedad que tenga 1.000 millones de euros de beneficio. Esto no tiene lógica desde nuestra óptica y creemos que, tras analizarlo, en muchas ocasiones las organizaciones empresariales ponen como ‘rehenes’ a las pequeñas empresas, que en realidad aportan la mitad de la contratación en nuestro país. La realidad del impuesto es que hay mucho margen para que las grandes compañías contribuyan, ya que algunas de ellas tienen beneficios mil millonarios y esto, no se nota en la recaudación”, afirma Mollinedo a ElPlural.com.

En concreto, Gestha pida a la AEAT que desplace la lupa del control tributario de autónomos y pequeñas empresas que están padeciendo la crisis por el confinamiento hacia el control de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.

Más auditorías

En definitiva, demandan más responsabilidades, más auditorías sobre la eficiencia de gasto público a corto y medio plazo y una mayor consideración a los informes Spending Review. Pero ¿qué son este tipo de informes?

Los informes Spending Review son una revisión de gastos integral en dos fases ateniendo varios aspectos: el que se refiere a los beneficios fiscales -ya cerrado este año-; al gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud; a los incentivos a la contratación y el trabajo autónomo y a las infraestructuras de transporte, entre otros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la encargada de elaborar este tipo de documentos, demandados por el Gobierno, y cuya conclusión sobre el beneficio fiscal es que “no hay un seguimiento sobre cuál es el volumen real de lo que se gasta ni personal que se encargue de analizar que ese gasto ha cumplido la finalidad para la que estaba previsto. Eso tiene mucho que ver con la eficiencia”, señala el portavoz de Gestha.

Este tipo de informes son especialmente importantes en el contexto sanitario en el que nos encontramos ya que el gasto público derivado a atender la emergencia sanitaria y las medidas de apoyo económico a las empresas, tan sólo ha comenzado. Serán necesarias muchas más iniciativas en apoyo a las pymes -por ejemplo, a través de los avales ICO- y también a las familias. De hecho, advierte Gestha, que una parte de los 104.400 millones de medidas de liquidez, podrían convertirse en gasto.