La Confederación Española de Comercio (CEC) calcula que tan solo un 10% de los comercios en España han tenido posibilidad de adaptar sus establecimientos para cumplir con el decreto de ahorro energético del pasado mes de agosto. En este se establece la obligatoriedad de contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas, según informa en un comunicado.

En este sentido, la patronal del comercio reclama una ampliación de tres meses debido a que el sector requiere un "plazo realista y razonable" para cumplir estas modificaciones. Se estima que entre 100.000 y 120.000 comercios en España necesitan esta moratoria.

El presidente de la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres, ha señalado que "hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta".

Dado que el decreto ley será tramitado finalmente como proyecto de ley y, por tanto, las enmiendas presentadas pueden introducir cambios en el mismo, la patronal considera que "lo lógico y sensato es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir".

Además, la CEC ha recordado que el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas de 100 millones de euros a las Comunidades Autónomas para que estas decidieran o no financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados.

No obstante, la patronal denuncia que en la realidad no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago. Asimismo, la CEC ha pedido que se amplíen los fondos para poder acometer estas modificaciones y ha estimado la cifra en el doble de la presentada por el Gobierno, unos 200 millones de euros.

"Desde la Confederación Española de Comercio pedimos una moratoria razonable de al menos tres meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas", denuncia Torres.