Madrid, Andalucía y Castilla y León suman un total de cero solicitudes concedidas del Bono Alquiler Joven durante el 2022. En concreto, fue Madrid, donde la presión de la vivienda resulta un problema social, en la que más solicitudes se presentaron 31.755; seguido de Andalucía, con 17.280 y Castilla y León, con 17.624, sin embargo, ninguna llegó a buen puerto.

Unas autonomías, gobernadas por el Partido Popular (PP), que no han concedido ni una de las ayudas solicitadas durante el 2022, todo ello a pesar de que los conservadores se niegan en rotundo a aumentar el bono impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, además de haber criticado la medida en reiteradas ocasiones.

Esta ayuda estatal que gestionan las comunidades se concede por un plazo de dos años con un importe máximo de 6.000 euros repartidos en 24 mensualidades. Para poder acceder a la subvención, la renta del alquiler deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales. En el caso de alquilar una habitación el precio tendrá que ser igual o inferior a 300 euros mensuales.

Así pues, parece que las comunidades autónomas continúan arrastrando el retraso desde el año pasado. Comunidades como Madrid ya han dado a conocer los primeros beneficiarios de la medida, mientras que desde Andalucía se dijo en marzo que empezaría resolver ese mismo mes las solicitudes de la convocatoria.

Otras comunidades autónomas que no han concedido ninguna solicitud

Tampoco Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia o la ciudad autónoma de Melilla han concedido ninguna solicitud del Bono Joven al Alquiler durante el pasado año. Eso sí, el número de solicitudes presentadas está muy por debajo del resto. Específicamente, en Castilla-La Mancha se presentaron 6.880; seguida de Aragón, con 6.835; Cantabria, con 2.798; Murcia, con 1.546 y Melilla, con 95.

Según se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno a varios diputados del PP, en dichas comunidades autónomas el número de solicitudes ascendió hasta 84.813 en diciembre de 2022, pero el número de resoluciones favorables fue de cero.

Por el lado contrario se encuentra Cataluña donde se resolvieron de manera favorable 9.753 de las 39.347 solicitudes presentadas, lo que equivale a un porcentaje de resolución del 24,7%. La siguiente en número de solicitudes resuelta fue Valencia, con 650 de un total de 20.244 solicitudes presentadas.

En total, el Gobierno cifraba a finales del año pasado un total de 12.425 solicitudes resueltas de manera favorable de un total de 182.026 solicitudes presentadas. Es decir, casi un 7% de las solicitudes presentadas consiguieron acceder a la ayuda.

El Ejecutivo presupuestó este plan con un total de 400 millones de euros, la mitad en 2022 y la otra mitad este año. En su respuesta parlamentaria el Gobierno ha desglosado también las cantidades destinadas a cada comunidad autónoma para esta ayuda del alquiler. Así, se desprende que Madrid y Andalucía, regiones en las que no se concedió ninguna ayuda, fueron las más beneficiadas, con 31,8 y 34,2 millones de euros, respectivamente.

A estas le siguió Cataluña, con 29 millones de euros y Valencia, con 22,8 millones. En total, el presupuesto destinado en 2022 para esta medida alcanzó los 200 millones de euros.

El Bono Joven al alquiler

La medida del Gobierno pasa por ofrecer una ayuda de 250 euros como máximo para el pago de la renta de la vivienda habitual o de una habitación en un piso compartido a la que tendrán acceso los menores de 35 años con contrato de trabajo y unos ingresos brutos anuales inferiores a 24.319 euros, es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2022 fue de 579,02 euros mensuales.

Los beneficiarios de los 250 euros mensuales del bono joven al alquiler tienen que justificar su uso ante el órgano concedente "con una periodicidad mínima semestral" y "en el plazo máximo de tres meses" desde la finalización del último mes natural en el que se recibió la subvención.

El joven de entre 18 y 35 años que reciba la ayuda tiene que acreditar "por cualquier medio admitido en derecho" el pago de la renta o del precio de la cesión de todas las mensualidades en las que haya recibido la subvención, como consta en el artículo 16 del texto.

Esos comprobantes sirven para que la comunidad o la ciudad autónoma certifique al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el cumplimiento del objeto de la subvención, ya que las competencias para el desembolso de ese monto son autonómicas.

El Mitma transfiere los fondos a las comunidades autónomas, una vez que se decida su reparto en la Conferencia Sectorial, que convoca el Ministerio en un plazo máximo de dos meses