La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llega a la negociación con la herida de la reducción de jornada todavía abierta. El seno del Gobierno sigue discutiendo la aminoración de los tiempos de trabajo sin merma salaria, con sindicatos y patronal presionando cada uno en una dirección, y con esta tesitura se abre la nueva mesa de negociación para abordar una mejora del sueldo de los trabajadores que menos cobran, que sí o sí llegará y lo hará con efectos retroactivos desde comienzos de este año.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recibía este miércoles el informe del comité de expertos que reúne anualmente para calcular una horquilla de subida adecuada y confirmaba que la apuesta del Gobierno es un aumento de 50 euros mensuales (en 14 pagas), que se llevaría el SMI de los 1.134 euros a los 1.184 euros brutos. El encargado de la negociación por parte del Ministerio será la mano derecha de Díaz y secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha adelantado que la oferta es “flexible”.
"Nuestra posición es flexible para alcanzar un acuerdo. Creo que el Ministerio debe estar en los parámetros que nos indican los expertos (subida de entre el 3,4% y el 4,4%), que nos han dicho cuánto es el 60% del salario medio, y por lo tanto, obviamente, estamos muy implicados con lo que el informe de todos estos expertos nos ha dicho”, ha trasladado el secretario de Estado. Esto se traduciría en un incremento de entre 40 y 50 euros, y la cartera comandada por Díaz ha optado por la horquilla alta.
No obstante, el Ministerio se muestra abierto a una negociación en la que la cuantía importa más a los sindicatos que a la patronal, contraria a la subida y más centrada en otras variables como la traslación a los contratos públicos o las diferencias por sectores. “Vamos a ver cómo transcurre la negociación y sobre todo vamos a ver, una vez que la posición de los sindicatos ya es conocida, cuál es la posición de la patronal. Y entonces, en ese entorno intentaremos llegar a un acuerdo que esperemos que sea de todas las partes implicadas".
Pérez Rey, que ya ha mantenido la primera de las reuniones de la mesa de trabajo, es consciente de que el acuerdo tripartito será complejo, aunque considera que se ha mantenido un “buen tono”. Con todo, Trabajo espera no demorar de más la negociación y poder alcanzar el próximo miércoles 22 “un acuerdo definitivo”. Este escenario es el más deseado por el Ejecutivo, que no quiere enfangarse en otra negociación, pero los sindicatos ya han adelantado que pedirán más y las organizaciones empresariales aún no se han pronunciado.
Ambición en los sindicatos y silencio en la patronal
Los principales sindicatos, CCOO y UGT, han dejado claro que la subida les parece insuficiente y exigen que se avance más para que “se cumpla la Carta Social Europea”, que establece que el SMI debe ubicarse en el 60% del salario medio. "Nosotros creemos que el SMI debe subir a los 1.200 euros", ha trasladado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha garantizado que esta posición es unitaria con su homólogo de CCOO, Unai Sordo.
"Es decir, que el SMI llegue al 60% del salario medio, que en el año 2023 pasa de los 1.300 euros por 14 pagas extraordinarias", ha desgranado Álvarez, que ha denunciado que en España la cuantía "está un 30, un 40 e, incluso, un 60 por ciento más bajo” que en otros países de la Unión Europea (UE). Esta arista, no obstante, no es la única exigencia de las organizaciones sindicales que, presenciando como se dan exenciones fiscales en otros ámbitos, piden abordar esta materia.
Ambos sindicatos reclaman que los perceptores del SMI no sufran las retenciones del IPRF. Y de no ser así, ha reclamado Sordo, "si el salario mínimo interprofesional no queda por debajo del mínimo exento, que es una posición que el Gobierno puede tomar legítimamente”, este debe de subir más de lo propuesto por Diaz. “El SMI debe ser la base que quede exenta de cotización. Por tanto, las tablas de IRPF hay que modificarlas para que las trabajadoras y los trabajadores que estén afectados por el SMI no tengan retención de IRPF", ha añadido Álvarez.
Asimismo, ha reclamado que la solución no puede ser quedar exento de no hacer la declaración de la renta. "España no puede aspirar a que 3,4 o 5 millones de personas dejen de hacer la declaración de la renta todos los años porque eso reduce la educación fiscal del país. Creo que ese no debe ser el modelo. Lo razonable es que las personas hagan la declaración del IRPF, que tiene que ser progresiva, y que los bajos salarios, evidentemente, tienen que hacer que estas personas perciban recursos públicos, no que los tengan que pagar", ha trasladado Sordo.
Sobre esta materia, el Ministerio de Trabajo ha echado balones fuera asegurando que “no es competente para establecer la fiscalidad de los salarios, ni de ningún otro hecho imponible”, materia dependiente del Ministerio de Hacienda. “Nosotros creemos que el SMI debe ser el lugar a partir de donde empieza la fiscalidad. Es decir, entendemos que igual que se ha hecho en otras ocasiones el mínimo exento del IRPF debe evolucionar de la misma manera que evolucione el salario mínimo interprofesional", ha posicionado Pérez Rey.
Por otra parte, la patronal, representada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme, aún no se ha pronunciado, pero a priori no parece estar a favor de lo propuesto. "La CEOE evaluará su propia posición el próximo día 22, que es cuando nos volveremos a reunir esa misma tarde para intentar ya alcanzar un acuerdo definitivo", ha revelado Pérez Rey. La mesa de negociación está servida y los tres comensales sentados, mientras afuera los aproximadamente 2,5 millones de trabajadores más precarios esperan la subida de su salario.
