El exvicepresidente económico de Aznar y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, tendrá que explicar este jueves en la Audiencia Nacional cómo es posible que en las cuentas de Bankia apareciera un agujero de 4.753 millones de euros entre febrero y mayo de este año. Su postura oficial será la de siempre, que fueron los cambios legales los que provocaron la modificación de las cuentas. Pero detrás hay un trasfondo político que ni Rato ni Rajoy parecen dispuestos a desenterrar, a pesar de que en medio hay en realidad 11.500 millones de euros.
Ignorancia y cambio contable
Hasta ahora, prácticamente todos los exaltos cargos y exconsejeros de Bankia que han pasado por el despacho del juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional han mantenido dos estrategias de defensa. Una, el desconocimiento puro y duro. Otra, que si la auditora, Deloitte, no había disparado las alarmas, tampoco había de qué preocuparse. Ambas son ciertas y esconden el hecho cierto de que los activos traspasados a Bankia desde las cajas que se fusionaron para crear este nuevo banco valían menos de lo que decían los papeles oficiales. Había casi 10.000 millones de créditos dudosos y más de 1.500 millones en pisos adjudicados por impago de hipotecas que estaban en el aire y que al final salieron.
Cambio de cifras
La pregunta que se les hace uno tras otro a quienes pasan por el despacho del juez Andreu es cómo es posible que entre febrero y mayo Bankia pasara de ganar 309 millones de euros a perder 2.979 millones simplemente por una reformulación de las cuentas. Acudir a un cambio de contabilidad ha sido hasta ahora la escusa más utilizada. Pero las cifras esconden una realidad que habría acabado saliendo a la luz, aunque el Gobierno precipitó la explosión para saldar viejas rencillas entre Rajoy y Rato.
Primera reforma financiera
Cuando Rodrigo Rato informaba en febrero de las cuentas de Bankia, señalaba orgulloso que el nuevo banco surgido de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y Caja de Ahorros de la Rioja había logrado algo que nadie pensaba que pudiera hacer. “Bankia –decía la nota publicada aquel 10 de febrero- adelanta el 34% de las nuevas exigencias de provisiones, 1.139 millones, y obtiene un beneficio de 309 millones en 2011”. Las nuevas exigencias a las que se refería eran las contenidas en el primer decreto-ley de reforma financiera aprobado por el Gobierno a propuesta de Luis de Guindos.
Examen internacional
Cuando Bankia publicaba esas cifras, el Gobierno tenía ya en marcha la elaboración de una segunda reforma financiera y la negociación con Bruselas de un rescate bancario que acabó pidiéndose de forma oficial en junio. Las cuentas de Bankia no resistirían la auditoría de Oliver Wyman y tenían en su contra además que habían servido para sacar a Bolsa la entidad. Pero la nacionalización podía haber esperado algunos meses, hasta que estuvieran sobre la mesa las conclusiones de los auditores internacionales, aunque el Gobierno prefirió precipitar los acontecimientos. Es verdad que las necesidades de capital de Bankia, según puso de relieve después Oliver Wyman se situaban en torno a los 19.000 millones de euros debido en gran medida a la obligación de reclasificar como pérdidas una parte del negocio inmobiliario del banco, pero el proceso se adelantó a los acontecimientos.
Nuevos agujeros
El preceptivo informe de auditoría necesario para convocar la junta de accionistas se retrasaba porque Deloitte quería incluir las exigencias que ya en mayo (cuando se reformularon las cuentas) se veían venir. El Gobierno tiró por la calle de en medio, nacionalizó la entidad y ya con nuevo presidente, Bankia cambió sus cuentas de arriba abajo. Los nuevos administradores se adelantaron a los parámetros que iba a marcar la auditoría internacional y metieron casi 10.000 millones de euros como deterioro de créditos inmobiliarios, además de 1.500 millones de pérdidas adicionales en los activos adjudicados por impagos. Y ello a pesar de que en el proceso de formación de Bankia ya habían sido separados algunos activos tóxicos para la salida a Bolsa.
Primera fusión
La historia se inició el 3 de diciembre de 2010 cuando se creó el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), como sociedad cabecera de la fusión de las siete cajas. El 28 de enero de 2011, las cajas fusionadas acordaron la cesión de todos los activos y pasivos del negocio bancario minorista a BFA. Esa operación quedó registrada como “primera segregación”. Después, el 5 de abril de 2011, cuando ya estaba claro que había que salir a Bolsa, BFA aprobó una segunda segregación que comportaba el traspaso del negocio recibido de las cajas a Altae Banco, S.A., filial hasta entonces de Caja Madrid, y que cambió de nombre para llamarse Bankia y hacerse cargo de los activos y pasivos bancarios de BFA.
Nacimiento de Bankia
El traspaso, sin embargo, excluía algunos negocios concretos. Por la parte del activo, quedaron fuera de Bankia y por tanto permanecieron en la cartera de BFA, el suelo adjudicado por impago de acreedores y la financiación de suelos en situación dudosa. Con ello se trataba de evitar la necesidad de apuntar pérdidas potenciales a Bankia por el deterioro del valor del suelo, que era el activo más castigado por todos los expertos y auditores. Pero la segunda y la tercera reformas financieras del Gobierno, que tuvieron su culminación con la auditoría de Oliver Wyman, dieron un hachazo también al precio razonable al que los bancos estaban contabilizando las viviendas adjudicadas y los préstamos hipotecarios concedidos a promotores.
Pérdidas multimillonarias
Así, en mayo las nuevas cuentas de Bankia incluían una partida denominada “pérdidas por deterioros y ajustes de valor razonable por riesgo de crédito” que incluía nada más y nada menos que 9.852 millones de euros. Para enjugar la cifra el banco tiró de la hucha de provisiones que había hecho en los años de bonanza y aplicó casi 6.000 millones, para dejar finalmente como pérdidas 3.954 millones de euros. Del mismo modo, el valor de las viviendas adjudicadas por impago fue reducido en 1.500 millones más de los anunciados en febrero y entonces las pérdidas totales reales de la entidad ascendieron a 4.370 millones de euros. Después se apuntó un crédito fiscal de más de 1.300 millones de euros (por importes recuperables del impuesto de sociedades debido a las pérdidas) y la pérdida que se anunció fue la ya conocida de 2.979 millones. Todas estas cifras son las que tendrá que explicar Rodrigo Rato este jueves en la Audiencia Nacional, aunque queda la incógnita de si el expresidente de Bankia echará gasolina a la hoguera y pedirá que las explique el equipo que le sucedió.
