Luis María Linde, gobernador del Banco de España, ha comparecido ante la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera desde 2000 y el posterior rescate bancario. Durante su intervención, ha reconocido que no supo anticipar la fase recesiva “tan intensa” que se avecinaba, provocada por un “boom inmobiliario que se produjo en plena adopción del euro”.

Linde ha presentado un informe que estima en 60.613 millones de euros el coste de las ayudas al sector bancario. Ha señalado que el Banco de España consideró riesgos a la baja en un escenario en el que el endeudamiento del sector privado se disparó hasta un 221% entre esa horquilla de tiempo.

Ha dejado claro que el Banco de España no adoptó las medidas necesarias para poner fin, o al menos sostener,  el incremento de crédito. No obstante ha afirmado que “no existían entonces normas legales que hicieran posible esa actuación”.

El factor demográfico

Linde ha achacado al crecimiento demográfico el aumento “de la demanda de vivienda” y la aportación de “mano de obra que facilitó la expansión del sector de la construcción. Ha asegurado que la población española aumentó en cinco millones de personas, un incremento que no se veía “desde mediados del siglo XVIII”.

Claro, que también ha admitido que la economía española estuvo al borde del colapso en 2012, lo que suscitó dudas en muchos países entre los que se encuentra también España. La incógnita giraba en torno a que se pudiera continuar en la moneda única e incluso la supervivencia del euro. Eso sí, ha avalado la estrategia de reestructuración del sistema financiero que se llevó a cabo puesto que es lo que ha permitido “la normalización de la banca”.

De hecho ha insistido en que dejar quebrar a las entidades no era una opción ya que hubiera supuesto la paralización de muchas entidades, un riesgo de contagio y un "impacto demoledor sobre la confianza, el empleo y sobre la economía real".

La crisis de Banco Popular

También ha abordadola crisis de liquidez que sufrió el Banco Popular. Ha declarado que la institución está en contacto con el Banco Central Europeo para poder explicar esta situación que provocó la intervención de la entidad y su posterior venta por un euro al Banco Santander. Durante su participación en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España del Congreso de los Diputados, Linde ha insistido en que el Banco de España no ha tenido ninguna participación en la resolución de la entidad, pues el organismo ni siquiera tiene voz en ese proceso.

Pero ha vuelto a incidir en que el Banco Popular era "solvente" hasta el último momento y esa solvencia se mide por una simple ratio entre capital y activos ponderados por riesgo que si da más de una cantidad indica que una entidad es solvente, lo que sucedía con el Banco Popular hasta el 5 de junio. 

Esa realidad es altamente compatible con un problema de liquidez, ha argumentado, que se va fraguando durante meses en los que el Banco Popular la estuvo perdiendo hasta que llegó un momento en el que no tuvo y solicitó liquidez de emergencia, que se le concedió de acuerdo a unas normas en vigor desde hace 18 años.

Así que al gobernador le gustaría que el BCE, de quien depende la supervisión de las principales entidades de la zona del euro desde finales de 2014, le permita dar esos datos con transparencia para que se pueda conocer con detalles lo sucedido. 

Respecto al pasado, en concreto en 2012 cuando el control del Banco Popular dependía aún del Banco de España, Linde ha señalado que tanto al organismo, como al Gobierno o incluso a la Comisión Europea les pareció "bien y razonable" que en aquel momento el Banco Popular intentara resolver por sí solo sus problemas.

La revisión de la banca a la que se vio obligada España tras solicitar el rescate financiero determinó unas necesidades de capital del Banco Popular de 3.200 millones, que el Banco Popular dijo que podía resolver por medios privados, una ampliación de capital y otras medidas para hacer más provisiones sin traspasar activos a Sareb, el banco malo. Cuando el Banco Popular explicó que podía resolver los problemas por sus medios y evitar ayudas públicas, el Banco de España dio su conformidad, igual que el Gobierno o la Comisión Europea, ha añadido Linde, que, no obstante, ve "posible que haya dudas" ahora sobre lo sucedido.