José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, acelera el ritmo para buscar un acuerdo con los agentes sociales relativo a la segunda fase de la reforma de las pensiones. El compromiso asumido con la Comisión Europea, que influye también en la percepción de los más que conocidos fondos europeos (next generation), expirará el próximo 31 de diciembre, razón de más que ha motivado al titular de la cartera de seguridad social a convocar y patronal y sindicatos este lunes a las 18:30 de la tarde.

No se prevé sencillo el diálogo, ya que, ninguno de los contendientes comparte líneas de actuación. Los puntos determinantes se sitúan en la garantía de supervivencia del sistema público de pensiones y la cuantía que estas deben alcanzar para garantizar un nivel de vida digno para los perceptores. Escrivá apuesta por su plan 30/30, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por bandera, que pretende combatir el difícil desafío de la generación del baby boom, que llamará a las puertas del sistema a lo largo de las dos próximas décadas. No convence este mecanismo a Bruselas, que pide que se convierta en automático y no requiera revisión, planteamiento que Escrivá no ve necesario.

Para solventar este reto a medio-largo plazo, el Ejecutivo plantea alcanzar los 67 años como edad de jubilación, de forma progresiva hasta alcanzarse en 2027. A esto, se le unen incentivos a la jubilación demorada y la subida de las prestaciones indexadas al IPC medio, que este año se prevé del 8,5%. Una de las opciones elegidas para poder financiar este incremento del gasto ha sido la subida de las bases de cotización máximas, que estaban topadas en los 49.672 euros y ahora esperan alcanzar los 65.000, lo que acarreará la subida correspondiente de las pensiones máximas. Esto no ha gustado en todos los sectores, de igual manera que el periodo de cómputo y la forma de abordar las lagunas de la vida laboral. El ministro apuesta por incrementar este periodo, medida que ya supuso una caída del 5% en las pensiones con la anterior subida de 15 a 25 años.

Seguridad Social no descarta ampliar ahora el espectro hasta los 35 años, aunque se abre a contemplar la propuesta del Banco de España relativa a excluir los seis peores años del periodo. Es en este punto donde se encuentra la oposición de los sindicatos, CCOO y UGT, que son partidarios de aumentar las bases de cotización, pero no de asumir cualquier que reforma que pueda suponer una pérdida de valor de las pensiones.

Las propuestas de CCOO y UGT en materia de pensiones tienen como prioridad: reforzar los ingresos y la equidad del sistema de Seguridad Social; mejorar las pensiones más bajas; seguir reduciendo la brecha de género y culminar las cuestiones aún pendientes de la primera fase de negociación. En este sentido, ambas organizaciones aseguran no conocer cuál será la posición de la Seguridad Social y han acusado en varias ocasiones al Ministerio de no remitir ninguna propuesta formal ni contar con ellos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también se ha mostrado molesta con el departamento de Escrivá por, sobre todo, no remitirles información ni mantener una comunicación. El ministro se escuda en el Pacto de Toledo y asegura que toda propuesta que está contemplando el Gobierno nace de este. No obstante, la patronal no comparte la subida “inadmisible” de las bases de cotización, que de aprobarse supondría un aumento del coste para las empresas.