PSOE y Unidas Podemos se encuentran en plena negociación de la futura Ley de Vivienda, con retrasos por las posiciones contrapuestas con respecto a la regulación de los precios de los alquileres. Sin embargo, parece que los socios de Gobierno han alcanzado un consenso en cuanto a los desahucios.
Los socios de Gobierno han avanzado en un acuerdo para incluir en la futura ley medidas para frenar los desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad, con aspectos similares al decreto antidesahucios en vigor por el estado de alarma derivado de la crisis del coronavirus.
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado esta mañana en La Hora de la 1 que los socios de Gobierno están avanzando en este aspecto, “muy cerca del acuerdo”, después de la última reunión celebrada este jueves entre los miembros de la vicepresidencia segunda y del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
Por el momento se está debatiendo, con un alto nivel de acuerdo, que los juzgados tengan que solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales territoriales antes de formalizarlo. Así, se determinará si existe una situación de vulnerabilidad, ante lo que las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional “digna” en los próximos tres meses.
Por otro lado, parece que la regulación del precio del alquiler sigue sin un acuerdo claro entre PSOE y Unidas Podemos. Desde la formación morada, critican a los socialistas por no haber presentado una propuesta para llevar a cabo este compromiso “una vez más y tras dos meses de negociaciones”, incluido en el acuerdo de coalición y en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que “van a ganar la batalla” para poder regular el precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda. Desde Unidas Podemos rechazan el modelo de incentivos que propone el equipo de José Luis Ábalos y aboga por obligaciones para los grandes tenedores de vivienda y fijar límites a los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.
