El Gobierno aprobó durante el estado de alarma un decreto por el que prohibía los cortes de suministros básicos a los hogares más vulnerables, especialmente afectados por la pandemia. Además, algunas de las empresas del sector optaron por el aplazamiento del pago de las cuotas de estos suministros, entre los que se encuentran las facturas de luz, agua, gas o telefonía.
La medida tenía como objetivo asegurar el bienestar social de los hogares ante el impacto de la pandemia. Sin embargo, a día de hoy parece que ha tenido el efecto contrario. La Asociación Víctimas del Paro reconoce haber recibido quejas de consumidores a quienes sus compañías de suministros han cobrado ahora los recibos aplazados de forma simultánea.
La asociación explica que estos recibos fueron aplazados durante los primeros meses de la pandemia y están siendo cobrados ahora “de golpe”, con la posibilidad incluso de cortar los suministros en caso de no efectuarse el pago.
“De poco sirve si a familias y personas que cobran 900 euros, o incluso menos, se les aplazó el pago en su momento si ahora se les ahoga con el pago de varios recibos”, denuncia Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro.
FACUA pide reforzar la legislación
FACUA se suma a la denuncia de la asociación y asegura haber recibido consultas de consumidores que se encuentran en esta situación. Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, explica que la energética tendría dos opciones en el caso de pasar seis meses sin efectuar el pago. Por un lado, negociar con el cliente el pago a plazos o, por el contrario, podría proceder al corte de suministro.
De hecho, critican que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció la prórroga de cortes de suministros básicos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que realmente no se ha aprobado.
Tal y como aseguran desde FACUA, la normativa solo hace ilusión a la prohibición de cortes de luz a los consumidores más vulnerables, pero no se trata de una prórroga del Real Decreto aprobado por el estado de alarma. Es la ley que estaba vigente antes de la irrupción de la pandemia, con requisitos muy excluyentes, que solo afectaría al “colectivo de consumidores especialísimo vulnerable”.
El artículo 20 de la normativa explica que no podrá suspenderse el suministro de electricidad a los consumidores vulnerables severos "cuando la administración autonómica o local cuyos servicios sociales estén atendiendo al consumidor asuma al menos el 50 por ciento del importe de su factura", es decir, los “llamados consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social”, matiza la organización.
Tampoco podrán realizarse cortes a los consumidores con bono social siempre y cuando "haya al menos un menor de 16 años, o cuando el consumidor beneficiario del bono social o alguno de los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%".
Regulación necesaria del Gobierno
Ante esto, FACUA pide al Gobierno la regulación de la prohibición de cortes, “definiendo los criterios de una forma clara” y que estos criterios “no sean tan exigentes”, así como la de una forma de pago para la deuda acumulada. "Hemos pedido al gobierno que regule una forma de pago para las deudas acumuladas de recibos de suministros. Pero no han hecho nada", asegura el portavoz.
Además, asegura que “la permanencia en sus viviendas ha incrementado los consumos domésticos y el importe de las facturas de sus servicios. La consiguiente acumulación de estas cantidades puede dar lugar a una situación de gravedad, con una repercusión aún mayor para aquellos consumidores especialmente vulnerables”.
FACUA también denuncia el problema de comunicación entre el consumidor y su compañía energética ya que debe ser el cliente quien informe de su situación económica, es decir, si recibe el bono social o cumple algunas de las condiciones para poder beneficiarse de la prohibición de cortes.
En este caso, las empresas del sector como Endesa o Iberdrola cuentan con protocolos y procedimientos, diseñados antes de la pandemia, para hacer frente a los cobros aplazados. En el caso de Endesa, desde el inicio del confinamiento, tomaron la decisión de “no realizar ningún corte, no solo a los clientes más vulnerables, sino a la totalidad de clientes domésticos y pequeños negocios”, aseguran desde la compañía.
“Los clientes más vulnerables tienen un tratamiento especial” -explica Endesa- “y para el resto de clientes Endesa dispone de planes específicos para poder realizar un aplazamiento de los pagos de manera acordada con cada cliente y situación”. Además, la energética ha prorrogado 150.000 bonos sociales que caducaban el 30 de septiembre por el impacto de la crisis en el sector.
