Pablo Casado anuncia reiteradamente que bajará los impuestos en el caso de acceder al Gobierno en las elecciones de abril de 2019. Sin embargo las cuentas de España están tan al límite desde la crisis económica de 2008, que es técnicamente imposible bajarlos. Al menos sin poner en riesgo a todo el país. 

La bajada de recaudación durante la crisis económica de 2008, más los sucesivos recortes de impuestos y de servicios públicos llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy han dejado a la economía española en una situación de déficit estructural que pasa necesariamente por un aumento de los ingresos del Estado. Se pueden subir impuestos, se puede recortar gasto social (a costa de agravar los problemas de desigualdad y paro estructural de España) o se pueden hacer ambas cosas. Lo que no se puede es bajar impuestos, dado que la baja recaudación,unida al déficit, haría que España entrara en un peligroso ciclo de endeudamiento que, de mantenerse, conllevaría sanciones europeas o, en el peor de los casos, la quiebra de las cuentas públicas. 

Con los datos en la mano, recaudamos poco más de un tercio menos que la media de los países de la Unión Europea, un 34,5%, según los datos de la agencia estadísitica europea Eurostat. Esta menor presión se debe a fallos acumulados de nuestro sistema fiscal, como tipos máximos que no gravan a las rentas más altas o un exceso de desgravaciones, de las que se ha abusado como incentivo para políticas de toda clase. A esto se le suman los efectos de la crisis. Las particularidades de nuestro mercado laboral provocan que en cada periodo de recesión se destruyan empleos por encima de la media, lo que provoca una bajada de la recaudación por impuestos, debido a la menor ganancia de las empresas y las disminuciones de la renta de los trabajadores. La disminución de los ingresos se hace notar en el déficit público, por lo que España encadena varios años en los que gasta más de lo que consigue ingresar y, por tanto, se ve obligada a pedir prestado; ya sea mediante créditos o mediante la venta de deuda pública. Las cuentas públicas no están en datos positivos desde diciembre de 2007, aunque éste se va reduciendo muy poco a poco gracias, sobre todo, a los años de recuperación económica, sin que esta recuperación haya servido para sanear del todo a las arcas del Estado. 

Sin embargo, el déficit no quiere decir que el Estado esté gastando a manos llenas; más bien lo contrario. Desde 2012, con los primeros presupuestos de Rajoy, el gasto público ha caído en picado. De 500.177 millones de euros a los 478.126 millones de 2017. Y con el rechazo a los presupuestos de este año es bastante difícil que esta situación cambie. Esta menor inversión pública durante los años de recuperación, sin servir para que se acabe el déficit, actuá como freno de mano para la economía, disminuye la demanda interna (la gente compra menos porque no se lo puede permitir) y prolonga situaciones poco comunes para países de nuestra importancia económica, como un elevado paro estructural, que las rentas de los trabajadores estén por debajo de los niveles de 2008 o que España tenga a una cuarta parte de los niños en riesgo de pobreza. 

Con los datos en la mano es muy difícil prometer bajadas sustanciales de impuestos. Sobre todo porque hacerlo conlleva un doble riesgo: que el Estado no tenga dinero para oprerar normalmente debido a brutales recortes que incidirían gravemente en su funcionamiento. O bien el de que el endeudamiento aumente por encima de los límites marcados por Europa, lo que nos llevaría a sanciones, un eventual rescate y, en el peor caso, la quiebra total del país.