Este viernes, 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y este año, desde UGT, tenemos que denunciar que 2022 se cerró con 826 muertes en el trabajo y prácticamente 1,2 millones de accidentes laborales. El año pasado, el contador de la vergüenza se volvió a disparar, y desde 2013 han muerto más de 7.000 personas trabajadoras en accidente laboral en nuestro país.

La salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente para los distintos gobiernos y para las empresas, que de manera generalizada externalizan la gestión de la prevención de riesgos laborales, pensando que, a su vez, externalizan su responsabilidad. Pero no hablamos de números, sino de vidas perdidas, más de 800. Hablamos de familias destrozadas que nunca olvidarán este fatídico año, porque fue el año en el que perdieron a un ser querido y cambió sus vidas para siempre. Detrás de las cifras hay caras.

Esto es solo la punta del iceberg. Si hablamos de enfermedades profesionales, continúa la enorme infradeclaración de los cánceres de origen profesional. En 2022, únicamente se han reconocido 104 enfermedades causadas por agentes cancerígenos, de un total de 22.408. Lo que provoca la infradeclaración es que, al no reconocerse el origen laboral de la enfermedad, no se aplican las medidas preventivas necesarias en el puesto de trabajo para evitar el riesgo, algo que desde nuestro punto de vista es intolerable.

En contraste, a mediados del año 2022 la Conferencia Internacional del Trabajo incluyó, entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración de la OIT de 1998, los entornos de trabajo seguros y saludables, un hito histórico fruto de la lucha sindical, que, sin duda, debe verse reflejado en las políticas preventivas de los gobiernos.

También es cierto que, a nivel europeo, ha habido avances importantes como, por ejemplo, la inclusión de la COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales. UGT lleva reclamando desde el inicio de la pandemia su inclusión en el listado español. Esperamos que este acuerdo a nivel europeo, aunque tardío, sea el punto de partida para que, a nivel nacional, se incluya como enfermedad profesional, ampliando su cobertura a más sectores de los recogidos por Europa.

Importantes igualmente son los avances en cuanto a la protección de la población trabajadora expuesta a agentes cancerígenos. Desde la Unión Europea, impulsado por el movimiento sindical, se ha llevado a cabo la revisión y actualización de la Directiva sobre cancerígenos y múgatenos. En 2022 se aprobó la cuarta revisión, por la que la Directiva pasa a llamarse Directiva sobre carcinógenos, mutágenos y reprotóxicos. La inclusión de las sustancias reprotóxicas en el ámbito de la Directiva supone un logro para la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras de la UE que están expuestas en su entorno laboral a estas sustancias que provocan infertilidad, abortos y malformaciones fetales.

En España, 2022 ha sido el momento en el que, tras más de 15 años de lucha y reivindicación de los sindicatos, junto con las asociaciones de víctimas, finalmente se ha creado el Fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esto supone un gran avance para las personas afectadas y sus familiares.

Un fondo que, para el sindicato, supone un acto de justicia y reparación para las víctimas, si bien es cierto que se ha visto deslucido por la no inclusión de la exención fiscal para las indemnizaciones. Además, seguimos sin un reglamento que regule su funcionamiento y que fije unas cuantías dignas, lo que está retrasando su puesta en marcha y demorando, de manera injustificada, la justicia y reparación que se merecen las personas afectadas y sus familias.

UGT quiere remarcar que, con más de cuatro años de retraso, al fin se ha aprobado el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, por el que se traspone parte de la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013. Esta trasposición supone un avance en materia de protección de las personas trabajadoras frente al gas radón, agente cancerígeno. Algunas luces, pero aún quedan muchas sombras y cuestiones pendientes en materia de seguridad y salud en el trabajo para acabar con la lacra de la siniestralidad laboral.

Propuestas de cambio

En este sentido, desde UGT reiteramos que el Plan contra la accidentabilidad mortal puesto en marcha por el Gobierno no es suficiente ni eficaz, y las cifras de accidentes mortales lo confirman. Instamos al Ejecutivo a que convoque sin más dilación la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, a la que se comprometió en la firma de la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que articule medidas inmediatas para mejorar, entre otras cuestiones, la prevención de los riesgos psicosociales de origen laboral.

Además, proponemos crear una figura a nivel estatal similar al delegado y delegada de prevención territorial, que haga visitas a empresas y asesore en materia de seguridad y salud en el trabajo a las pymes y micropymes donde no haya representación de las personas trabajadoras.

No nos olvidamos tampoco de la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo con medios suficientes para desempeñar su labor de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y se eviten muchos de los accidentes y enfermedades que se producen a día de hoy.

Por último, urge acordar y poner en marcha el primer plan de acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, para continuar trabajando en acciones que mejoren las condiciones laborales y la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Luces y sombras de un año 2022 que deja un resultado macabro en cuanto a siniestralidad laboral y que lamentablemente tiene visos de continuar este 2023. Algo que, sin duda, una sociedad como la nuestra no debe tolerar. Por ello, este 28 de abril renovamos nuestro compromiso y seguiremos luchando por conseguir que el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo sea real y efectivo y forme parte de las políticas de los distintos gobiernos, nacional y autonómicos, de nuestro país.