La convocatoria adelantada de elecciones generales no ha frenado la actividad del Gobierno, que no ha dejado de sacar adelante leyes importantes en este último mes. Esta semana, según han confirmado fuentes de Economía, verá la luz definitivamente el Observatorio de Beneficios Empresariales. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está cerrando los últimos detalles con el Banco de España con la pretensión de que el nuevo indicador sea lanzado antes de la entrada de julio y pueda ser utilizado por los agentes sociales en la negociación.  

El objetivo de este observatorio, defendido por la titular de la cartera de Economía en reiteradas ocasiones, es mantener una competencia “efectiva” en el mercado, garantizando la distribución “adecuada” de las rentas y atendiendo a la inflación emanada de los diferentes sectores productivos. “El objetivo es disponer de información de los márgenes por sectores, siempre y cuando la cobertura, es decir la información disponible por sectores, sea lo suficientemente robusta y representativa”, apuntaba Calviño hace un mes, motivo por el que contará con la ayuda del Banco de España.

Sin embargo, a pesar de los intentos de acercamiento, la patronal continúa mostrándose reticente a que se supervisen los márgenes empresariales. A comienzos de esta semana, los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de Cepyme dejaron plantado a Gonzalo Andrés, secretario de Estado de Economía, en una reunión agendada conjuntamente con los sindicatos para abordar esta nieva figura. En este encuentro, el Ministerio presentaron un informe a los agentes sociales del que ha participado la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el supervisor español.

De cara a su práctica habitual, el organismo contará con una gran base de datos provenientes del INE y del Banco de España, que aportará la Central de Balances (encuesta sobre la facturación, los costes, los beneficios y otros muchos datos de 80.000 empresas) y la Encuesta sobre Actividad Empresarial. A esto se le suman las encuestas y las declaraciones de impuestos con las que cuenta la Agencia Tributaria. En suma, los resultados de los estudios contarán con una información detallada y posibilitarán la definición de una estadística precisa.

“No compartimos este observatorio si para lo que está es para que el Gobierno nos dicte lo que hay que hacer”, señalaba al conocer la intención de crear el observatorio el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que añadía que “todo lo que sea intervención en estos asuntos no es bueno”. "Las empresas tienen que ganar dinero”, apuntaba el empresario vasco, acusando al control de los beneficios empresariales de intervencionismo, motivo por el que aseguraba que las organizaciones empresariales se posicionarían en contra.

Finalmente, parece que, con o sin el apoyo de la patronal, el observatorio saldrá adelante más pronto que tarde. Así, la propuesta liderada por Comisiones Obreras (CCOO) se pondrá en funcionamiento antes de la construcción de un nuevo Gobierno, aunque no de forma tan ambiciosa como esperaban los sindicatos. Del organismo pretende emanar un indicador público que dote a los agentes sociales de una variable más para la negociación colectiva, los beneficios empresariales podrán pasar a tenerse en cuenta en las mesas de diálogo, tal y como defendía la patronal.

Sindicatos y Yolanda Díaz piden ir más allá

La primera versión del observatorio facilitará datos desgranados por sector de actividad y tamaño de la empresa. No obstante, los sindicatos han pedido otra información, como la territorial, para poder abordar las negociaciones de los convenios colectivos provinciales, dada la realidad diversa presente en España. Los datos de empresas concretas tampoco serán conocidos, con la intención de preservar el secreto estadísticos, pero se podrá conocer como evoluciona cada sector y negociar los convenios sectoriales.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha ido más allá en su propuesta de observatorio de cara a la próxima legislatura, señalando la necesidad de que este esté vinculado a la revalorización de los salarios, aspecto en el que coincide con los sindicatos. “No eran los salarios los causantes de la inflación, sino los márgenes”, defendía la líder de Sumar hace dos semanas.

Díaz llama a alcanzar un “acuerdo de país” en el que se negocien aspectos como “el control y los límites de los márgenes” para que este “sea una nueva forma de hacer las cosas y mejorar la vida de la gente”. La candidata a las elecciones busca con esta senda una mayor distribución de los beneficios, instalados en las empresas, y de las consecuencias de la crisis, soportados por los trabajadores. “Mientras que hay una España que se hace cada vez más pobre, hay unos márgenes empresariales que se ensanchan”, lamentaba, exigiendo revertir la situación.