La Audiencia Nacional ha decidido prorrogar el secreto del sumario de la pieza 17 del caso Tándem, la que se centra en las investigaciones sobre los vínculos del polémico comisario Villarejo con Iberdrola. De esta manera, el juez Manuel García-Castellón podrá continuar con los interrogatorios centrados en los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. Unas citas ante el juez en las que tendrá especial protagonismo José Luis San Pedro. el que fuera número dos y mano derecha del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán hasta el año 2015. San Pedro acudirá como investigado, lo que antes se llamaba imputado, acusado de haber coaccionado al exdirectivo de Iberdrola que denunció las supuestas relaciones ilegales de la eléctrica con Villarejo.
En el centro de la polémica está la reunión que San Pedro y el director de Administración y Control, Juan Carlos Rebollo, mantuvieron con este exdirectivo, José Antonio del Olmo, tras publicarse en prensa el informe interno que había redactado, ya jubilado, donde revelaba las ocho facturas falsas con las que Iberdrola habría pagado a Villarejo más de 350.000 euros por los servicios prestados, según cuenta El Confidencial. Ambos habrían pedido al trabajador que se retractase de sus afirmaciones y desmintiese el documento, aunque había sido depositado ante notario.
Sin embargo, Del Olmo ratificó todas sus afirmaciones ante la Audiencia Nacional cuando fue llamado a declarar como testigo y salpicó a toda la cúpula de Iberdrola. En concreto, aseguró que tanto Ignacio Sánchez Galán, como Fernando Becker, el actual número dos Francisco Martínez Córcoles y el entonces jefe de seguridad Antonio Asenio, eran conocedores de los trabajos encargados a Villarejo para "pillar" a políticos con el objetivo de conseguir permiso para abrir una central eléctrica en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Llamadas grabadas por la Policía
San Pedro tendrá que aclarar todo esto ante el juez, aunque se jubiló de Iberdrola en 2016 con una paga de seis millones de euros. También tendrán que declarar Rebollo, que está de baja médica, y Pablo Insunza, director del Departamento de Administración, de quien Del Olmo señaló que estaba al tanto de las facturas. Ambos aseguran no haber coaccionado a Del Olmo, aunque reconocen que algunas de sus frases, sacadas de contexto, podrían parecer presiones. Sin embargo, El Confidencial señala que la Policía tendría grabaciones de llamadas telefónicas en las cuales se invita a Del Olmo a desmentir su informe a cambio de dinero, mencionando el hecho de que su hija trabaja en Iberdrola.
Mientras, desde Iberdrola reconocen haber contratado a Villarejo, pero niegan cualquier irregularidad o que el comisario fuera pagado para espiar a políticos y empresarios rivales como Florentino Pérez, presidente de ACS, o Manuel Pizarro, expresidene de Endesa. Además, se han querellado contra Del Olmo, al que acusan de un delito de falsedad porque en una investigación interna no han encontrado el documento con las acusaciones en los archivos de la compañía.
